José Adán Silva [email protected]
El procurador general de la República, Francisco Fiallos, alegó desconocer inicialmente la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, donde ordenaban regresar acciones de la Cementera Nacional a la familia Somoza.
Los alegatos de Fiallos se dan a raíz de que el abogado Luis Meléndez, ex director de la mencionada comisión, dijera públicamente que todos en el gobierno, incluyendo al procurador y al presidente Bolaños, sabían que la mencionada empresa sería regresada a la familia Somoza, a solicitud y trámite de Álvaro Somoza.
“Usualmente aquí se firman las resoluciones para darle respaldo legal, pero eso no indica que yo tenga que saber todos los detalles de las funciones de otros, porque esa Comisión es de carácter autónomo”, dijo Fiallos, quien en conferencia de prensa se presentó con el nuevo director de la Comisión, Orlando Flores Ponce.
Según Fiallos, los familiares de Somoza pueden recurrir a todas las partes legales para hacer uso de sus derechos, pero solamente la Asamblea Nacional podría darle trámite de devolución a sus demandas, “ya que las confiscaciones eran asunto nacional, y están certificadas”, dijo el procurador, para quien el hecho de pedir una revisión del acto de devolución de la Cementera es para defender los intereses del Estado.
“Ellos pueden reclamar todo lo que quieren, pero de ahí a que se les devuelva, no se puede a menos que la Asamblea Nacional lo determine”, dijo.
“Obviamente en un caso donde los intereses del Estado son tan grandes y pueden estar en grave peligro, como es el caso de la Cementera, lo lógico dice que esto debe ser consultado con el procurador, y en este caso, anteriormente a la decisión de regresar las propiedades a los Somoza, no fue consultado por la comisión anterior y por eso los destituimos”, dijo Fiallos.
“La afectación de los intereses del Estado no se refería solamente a un reclamo que puede tener cualquier familia, llámese como se llame, los intereses del Estado se ven afectados porque había un contrato de arrendamiento de la Cementera con una compañía mexicana llamada Cemex, y que la rescisión de ese contrato con la compañía mexicana significa una pérdida de 50 millones de dólares al Estado de Nicaragua”, dijo el procurador.
“Quiero reiterar que ni el presidente Bolaños, ni yo, le prometimos (a la familia Somoza) que se le iba a devolver la propiedad”, expresó, reiterando que la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones tiene autonomía para emitir resoluciones, sin necesidad de informar a sus superiores.
