Burla oficial para víctimas por Nemagón

Dicen que las últimas palabras de don Manuel de Jesús Lindo, quien murió en Chinandega la semana pasada, víctima del cáncer que el Nemagón le fabricó en el pecho, fueron para pedir a Dios que perdonara a quienes les habían envenenado y también a quienes les dieron la espalda.

Tuvo la desgracia de morir sabiendo que la Procuraduría General de la República emitió un dictamen donde declararon inconstitucional la única arma con que más de ocho mil campesinos afectados por el Nemagón pretenden cobrar a las poderosas compañías transnacionales los daños provocados por los más de 20 años en que los obligaron a usar, sin advertirles nada, el pesticida compuesto con dibromo cloropropano.

Así terminó su historia: después de trabajar 27 años en la hacienda bananera “Alfonso”, y esperar 12 años a que le indemnizaran, murió de cáncer, y con la cruel certeza de que había sido traicionado.

Igual que don Manuel en sus últimos días se sienten los miles de habitantes de las áridas comunidades de Chinandega, donde cayó como balde de agua helada la noticia de que la Procuraduría General de la República, obedeciendo a presiones externas, declaró inconstitucional la Ley 364, o “Ley Especial para la tramitación de juicios promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados con base de DBCP”.

LE DICEN TRAICIÓN

La semana pasada se conoció que la Procuraduría General de la República elaboró un dictamen donde, tras muchos argumentos, no sólo declararon inconstitucional dicha ley, sino que también solicitaron a la Corte Suprema de Justicia, se le enviara a los jueces civiles de todo el país, para que tuvieran “mayor ilustración” en sus respectivas sentencias judiciales.

El dictamen fue enviado el pasado dos de septiembre por el procurador general, Francisco Fiallos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Escobar Fornos, acompañado de una carta donde le solicita remitir el informe a los jueces civiles.

“Así mismo le pedimos, si usted lo estima a bien, que por su digno medio se le envíe a los jueces civiles de todo el país, competentes de estas demandas, para mayor ilustración en sus respectivas sentencias judiciales”, dice parte de la misiva, firmada y sellada por Fiallos.

La solicitud fue respondida por Iván Escobar Fornos, quien con su firma y sello la envió en forma de circular a todos los juzgados civiles donde se ventilan las demandas.

OCHO MIL DEMANDANTES

Actualmente en los juzgados Tercero y Quinto de Distrito de lo Civil de Managua se ventilan las demandas de más de ocho mil ex campesinos afectados por el uso del pesticida conocido como nemagón”, contra siete transnacionales norteamericanas que, según los demandantes, les provocaron daños físicos y morales al no avisarles del peligro del químico que por más de 20 años emplearon en las fincas bananeras.

El monto de las demandas, que iniciaron en 1990, sobrepasan los cinco mil millones de dólares, ya que cada demandado pide uno o dos millones de dólares de indemnización a las transnacionales norteamericanas.

Las compañías demandadas son, aparte de la Dole y la Shell, la Chiquita Brands International, la Standard Fruit Company, Del Monte Tropical Fruit Company; Occidental Chemical Corporation; Dow Agro Sciences y Aka del Monte Foods.

CASO LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL

El dirigente sindical Roberto Ruiz es uno de los que llama a Fiallos “traidor”. “Ese dictamen de la Procuraduría prácticamente es un acto de traición más. Es inmoral, ya que no obedece a la voluntad de una mayoría de nicaragüenses, sino sólo a la voluntad de un señor que obedece mandatos de los Estados Unidos”, dijo Ruiz, quien trabajó 27 años en las bananeras.

Ruiz llevó el caso a la Asamblea Nacional el pasado jueves, y expuso ante la Comisión de Derechos Humanos lo que allá en Chinandega consideran como “maldad oficial”. Según Ruiz, el presidente de la Comisión, Orlando Tardencilla, analizará el caso y mandarán a citar a Francisco Fiallos para que responda por el dictamen.

“Ojalá logren revertir ese documento, porque es algo antipatriótico y matamama”, dijo Ruiz.

El dictamen de la discordia dice en su parte tres: “Alternativa de solución. Derogación de la Ley 364 y en su lugar crear una ley que garantice los derechos a reclamos justos e indemnizaciones a personas afectadas en su salud física, psicológica, o patológica por el uso y aplicación del plaguicida DBCP, Nemagón y Fumazone, y sus derivados”.

En la parte final, como parte de las “alternativas de solución”, la Procuraduría recomienda, que si dicha ley contradice leyes y la Constitución Política, “ha de ser considerada inconstitucional”.

INTERVENCIÓN DE EE.UU.

El origen de tal dictamen y su pretendido objetivo de enviárselos a los jueces civiles que llevan las demandas, obedece a una solicitud expresa del anterior embajador norteamericano Oliver Garza, quien le pidió al gobierno que analizaran el caso para no afectar el apoyo norteamericano a Nicaragua.

Fiallos, una vez que saltó a luz pública el caso, reveló que la emisión del dictamen sobre la Ley 364 se basó en una solicitud del canciller de la República, Norman Caldera, quien le pidió en una carta del cinco de julio del 2002, que analizara el caso ya que el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Oliver Garza, se habría quejado de dicha ley que afecta los intereses de transnacionales norteamericanas.

“Con fecha del 19 de marzo del 2002, mediante nota, el embajador de los Estados Unidos de América, señor Oliver P. Garza, expresó a este ministerio su preocupación por las disposiciones contenidas en la Ley 364, principalmente en las medidas precautorias, lo que a su criterio se establecieron en contraposición a las normas del debido proceso en la legislación nicaragüense”, dice parte de la carta de Caldera.

La Ley 364 establece que las compañías demandadas deben dejar una fianza de 100 mil dólares por cada trabajador afectado que los demande.

Caldera posteriormente reveló que tanto el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific), como el gobierno mismo, conocían las peticiones norteamericanas. Incluso, en la carta que Fiallos envió a Escobar Fornos, se le envía copia a Julio Vega, el secretario personal del presidente Enrique Bolaños.

El procurador Fiallos, a modo de excusa, explicó que la Procuraduría tiene facultades para responder a la Cancillería u otra institución del gobierno cuando se lo solicitan, y que la iniciativa de enviar el dictamen a la Corte Suprema de Justicia era una simple “recomendación” que Escobar Fornos bien podía “desechar”.

Y tal y como lo dijo Fiallos, lo aceptó Iván Escobar Fornos. “De acuerdo con la ley, la Procuraduría puede dar dictámenes, pero de ninguna manera puede obligar al Poder Judicial, porque es independiente. Los jueces deben tener completa independencia, deben fallar sin miedo”, dijo molesto Escobar Fornos.

PROCURADOR DEL MEDIO AMBIENTE ASUME DICTAMEN

El dictamen que molestó a los afectados del Nemagón fue aprobado también por el procurador nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Lisandro D´León Mairena, quien asume que esta instancia elaboró parte del dictamen.

“Nosotros somos los primeros en reconocer el derecho de ellos a recibir una justa indemnización, pero lamentablemente las leyes no las hicimos nosotros y quienes las hicieron las hicieron mal”, dijo D´León, quien defendió a Fiallos diciendo incluso que éste rechazó el pedido de ayuda de los abogados de las transnacionales en plena Casa Presidencial, diciéndoles que las cosas se resolvían de acuerdo a las leyes, y no por influencia.

Según D´León, esa Procuraduría Especial elaboró a mediados de septiembre, un dictamen en base a la Ley Orgánica de esta institución, donde reconoce a la Ley 364 como inconstitucional.

“Somos los primeros en reconocer que estas personas afectadas merecen una justa indemnización, pero no podemos negar que quienes hicieron esa ley cometieron muchos errores”, dijo D´León.

Entre los supuestos errores figuran los hechos de que “la ley manifiesta un vacío jurídico al no establecer nada sobre el Recurso Extraordinario de Casación para la parte perdedora”.

Además, señala que la Ley en mención se hizo para aplicación retroactiva, lo que viola el Artículo 38 de la Constitución Política, que establece que sólo existe retroactividad de ley en materia penal cuando favorezca al reo.

ABOGADOS PROTESTAN DICTAMEN “MALINCHISTA”

Jacinto Obregón, del bufete de abogados que lleva una parte de las demandas, protestó la deslealtad en que, según él, cayó la Procuraduría.

“Aquí prácticamente estamos compitiendo contra las transnacionales, y el gobierno, y para colmo, la única arma que tienen esos miles de afectados, que es la ley, se la quieren quitar con leguleyadas”, dijo Obregón.

“El hecho de que la Procuraduría diga que es inconstitucional, es cuestionable; es una opinión que atenta contra el derecho a la justicia de los afectados. Ellos dicen que esta ley atenta contra el principio de igualdad, al obligar a los demandados a depositar 100 mil dólares por cada demandante, pero ese “atentado” es relativo por lo siguiente: igualdad existe entre dos personas del mismo peso y status, pero no podemos decir que existe igualdad entre miles de campesinos pobres, analfabetos y enfermos, y los monstruos transnacionales como ésas”, dice Obregón.

“Esa ley que quieren quitar compensa la desigualdad existente entre los afectados y los demandados, los equipara, pero ahora viene este señor y sale defendiendo a los pobrecitos empresarios norteamericanos, diciendo que estaban en desventaja frente a estos malvados obreros de las plantaciones bananeras que les quieren quitar sus cuatro centavitos. ¡Habráse visto semejante ofensa!”, dice Obregón.

CORTE SE IMPLICA

Además, según el experto, la Corte Suprema de Justicia no puede opinar ni avalar un dictamen de un caso en el cual más tarde tendrán que pronunciarse, “porque cualquier fallo sobre este asunto, estoy seguro que irá a la Corte, pero ellos desde ya sientan una posición, al darle un okay a un dictamen”.

“Que sean los abogados de las transnacionales los que defiendan a sus clientes, pero no le compete al procurador de Nicaragua salir haciéndole el trabajo a los abogados norteamericanos, que a estas alturas deben estar brincando por ese favor de Fiallos”, dijo el abogado de los afectados por el Nemagón.

“Ahora el argumento de los abogados de las transnacionales es que la ley es inconstitucional, y no es cualquier argumento el que usan, es un documento oficial de la Procuraduría, firmada y sellada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso pesa”, dijo Obregón.

“La gente está dolida, se sienten lesionados, burlados, traicionados. Ellos esperan que las autoridades nacionales les respalden, y cae como un balde de agua fría que ahora salgan con eso. Si su intención es velar por los intereses de los nicaragüenses, lo lógico es que hubieran llamado a los representantes de esta gente, y plantearles a ellos cualquier posible debilidad del caso; pero no, él lo hace, se lo manda a los abogados, a la Corte Suprema de Justicia y a los afectados, ¡que se los coman los leones!”, dijo Obregón.