Fernando Malespín Ferreti
El INSS estuvo al borde de la quiebra en la década de los 80, por corrupción, por la hiperinflación, por la desmonetización, por falta de capacidad administrativa y por la cultura de no pago, entre otras causas.
Al 19 de julio de 1979, los pensionados contributivos fueron 9,209, y al 31 de diciembre de 1990, el número de pensionados se incrementó a 76,677, según datos oficiales del INSS, porque el gobierno sandinista concedió el derecho de asegurados a más de 66,000 pensionados no contributivos.
Para evitar el colapso financiero del INSS, el presidente ejecutivo, Dr. Simeón Rizo Castellón, usurpando funciones propias del Poder Ejecutivo y pasando por encima de la Ley de Seguridad Social, dictó dos resoluciones administrativas que despojaron de sus derechos a 10,300 jubilados que habían cumplido estrictamente con la Ley.
Según el jurista, especialista en Derecho Laboral, Dr. Fernando Malespín, el derecho de los asegurados debe ser reclamado y concedido íntegramente por el INSS, de acuerdo con lo que la ley establece.
El Dr. Humberto Mendoza López, asesor jurídico del INSS, contestando a mis reclamos por el despojo del 75 por ciento de mi pensión, dijo que si el Seguro Social hubiera pagado a 10,300 pensionados contributivos el monto establecido por la ley quiebra automáticamente.
Es decir, los viejos jubilados con nuestro sacrificio hemos contribuido a alargar la vida del INSS y a pagar pensiones completas a nuevos jubilados.
Los jubilados despojados de un derecho legítimo, ¿podemos demandar al INSS? Tienen la palabra los especialistas, doctores Malespín y Mendoza López.
Jubilado No.24
