Mario Alfaro Alvarado*
Amenazante, altamente peligroso para el voto libre y transparente, es lo que sucedió en el Consejo Supremo Electoral. El pacto sigue funcionando. Nunca ha dejado de funcionar. Se esperó que la desaforación anularía el pacto, ¿o es que no habrá desaforación? ¿es ahora más importante la unidad de los liberales, aunque haya que revolver a lo corruptos con los no corruptos?
El Consejo Supremo Electoral es un feudo cerrado de los caudillos pactistas. Es el instrumento para regresar a 1950, al “Pacto de los Generales”. La Corte Suprema de Justicia está pintada en la pared; la Constitución es papel mojado; la Contraloría General de la República necesitó más de un mes para levantarle cargos al titular del CSE, y en pocas horas lo relevó de los cargos después de recibir instrucciones, naturalmente, el fiscal afila la puntilla para liquidar al Ejecutivo por unos supuestos delitos electorales. Quieren provocar un caos para pescar en río revuelto.
¿Qué se proponen los pactistas? ¿la reelección de Alemán o la de Ortega para dividirse el país entre sus dos partidos, como en tiempos de Somoza?
Así las cosas, el Consejo Supremo Electoral pactista no ofrece ninguna garantía para las próximas elecciones municipales. Pretenden los pactistas dividirse hermanablemente las 151 municipalidades, como lo hicieron la vez pasada, y para ello volverán a cerrarles las puertas a las otras fuerzas políticas. ¿Volveremos a los tiempos de la “Magnífica”?
Por lo que nos dice lo sucedido en el Consejo Supremo Electoral, el somocismo sigue viviendo a través del caudillismo de las reelecciones, del saqueo de los bienes públicos y en el manejo del sistema electoral para legalizarlo todo con votos manipulados.
De las dos grandes conquistas populares logradas en 1990, una de ellas, el voto libre y garantizado, desaparecerá de la escena. Luego le tocará a la otra, a la libertad de expresión y comunicación, y habremos vuelto al somocismo.
El pueblo debe exigir desde ahora como garantía electoral valedera, la restitución de la inscripción de candidatos por petición popular, para que cada municipio elija a la persona que mejor conoce como servidora de su comunidad. Sólo así evitaremos que desaparezca el derecho a elegir libremente.
* El autor es periodista.
