Respecto al contenido de estas dos iniciativas de ley propuestas por los disputados liberales Fernando Avellán y Bladimir Pineda, el editor general del Diario LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho, considera que en países como Nicaragua, los políticos, y en particular los políticos autoritarios que abusan del poder, siempre están tratando de suprimir, o al menos de restringir la libertad de información y expresión.
“Lo que pasa es que como las instituciones son débiles, los mecanismos de control gubernamental son inoperantes y la administración de justicia es partidista o tardía, entonces los medios de comunicación son los únicos que fiscalizan el ejercicio del poder y denuncian los abusos de los funcionarios públicos”, estima Sánchez Sancho.
Agrega que “aquí, la libertad de información y expresión ha sido hasta ahora la conquista más importante, tangible y eficaz del proceso de democratización que comenzó en 1990. Pero, además, es la única institución social que ha permanecido incólume ante los efectos devastadores del pacto libero-sandinista de 1999 y la reforma constitucional bipartidista de 2000, que sometió a los intereses de los dos caciques políticos a todas las instituciones del Estado.
De manera que la labor permanente y sistemática de investigación y denuncias de los abusos de poder en general y de los actos de corrupción en particular, molestan mucho a los políticos y funcionarios involucrados en ellos, y por lo tanto quieren silenciar de cualquier manera a los medios y a los periodistas independientes”.
De acuerdo con el editor general de LA PRENSA, después de examinar este proyecto de ley, “su intención es amedrentar a los periodistas y restringir, ya que no la pueden suprimir totalmente como lo hacían en el pasado, a la libertad de información y de expresión”.
“El derecho a la vida privada y familiar, así como a la honra y reputación de las personas, son bienes jurídicos y valores éticos sustantivos de la convivencia social, que todos estamos de acuerdo en respetar y en hacer que se respeten. Pero esa protección ya está garantizada en la Constitución y en la legislación penal que tipifica los delitos que se cometen o podrían cometerse en el ejercicio de la libertad de información y expresión”, explica Sánchez Sancho.
De manera que una ley especial, como la que se pretende con esta iniciativa —continúa—, no tiene sino el propósito, repito, de amedrentar a los operadores de los medios de comunicación para que se abstengan de fiscalizar el ejercicio del poder y de denunciar los abusos y la corrupción. Y pretende, además, limitar la libertad de prensa, algo que no podemos aceptar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia.
REGULAR EL EJERCICIO PERIODÍSTICO ES PELIGROSO
Por su parte, Francisco Chamorro García, Subdirector de El Nuevo Diario, expresa que es peligrosísima cualquier ley o iniciativa que trate de regular el ejercicio del periodismo.
Chamorro recuerda que ya existe una ley (Código Penal) que contempla los delitos de injurias y calumnias, y cualquier persona puede hacer uso de la misma.
“El periodismo en Nicaragua no se mete en la vida privada de los funcionarios públicos, lo que pasa es que los funcionarios implican a su familia en actos ilícitos y ahí sale afectada la familia”, dijo Chamorro.
Explica que el gran problema de esto es que siempre dejan (los legisladores) un vacío y cada cual la interpreta (la ley) como quiere.
