Carol Munguía yJosé Adán Silva [email protected]
Representantes de los afectados por el Nemagón pidieron una reunión con el presidente Enrique Bolaños, a quien le solicitarán nombrar un procurador especial para ventilar el caso de las víctimas de ese insecticida.
Victorino Espinales, presidente de la Asociación de Trabajadores y Demandantes del Nemagón y el Fumazone, también pedirán que se haga efectivo un plan de emergencia en el Ministerio de Salud, pues asumen que se han registrado 256 muertes (por enfermedades como el cáncer y la insuficiencia renal), producto de las secuelas de estos pesticidas.
Las víctimas amenazan con una manifestación pública de 10 mil personas para patentizar su protesta, porque “sospechan” que los juicios ventilados actualmente en el Juzgado Tercero de Distrito para lo Civil en Managua podrían ser detenidos por influencias del procurador general de la República, Francisco Fiallos, según denunció Espinales.
CIRCULAN COPIA DE CARTA DEL PROCURADOR
El representante de los demandantes hizo circular fotocopia de una carta que Fiallos envía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Escobar Fornos, en la que le remite el dictamen de la Procuraduría sobre la Ley para tramitación de juicios promovidos por los afectados por el uso de pesticidas, y le agrega que lo transmita a todos los jueces civiles en todo el país.
“Esto es altamente grave y negativo, porque se mueven intereses oscuros que afectan a todos los trabajadores perjudicados”, dijo Espinales.
La asociación denunció formalmente lo que denominaron pretensiones y abusos del Procurador General y condenaron esta influencia porque favorece totalmente a las transnacionales demandadas.
Melba Poveda, fiscal de la asociación, explicó que dejó de representar en los juicios que se ventilan en Managua el señor Walter Gutiérrez, y su lugar será ocupado por el Bufete Gallo, Moraga, Sandoval y Rodríguez en Nicaragua, y que en Estados Unidos lo asumirá el señor David Phillipson.
La dirigencia de los demandantes sospecha que se pretende detener 69 juicios que se ventilan, como una estrategia de desgaste o hacer desaparecer estas demandas.
“No desistiremos, es un juicio millonario donde se involucra a tres mil quinientos trabajadores, pero alcanza a nueve mil personas, entre ellas a los familiares, según nos consta”, dijo Espinales.
PROCURADURÍA: LEY ES INCONSTITUCIONAL
El procurador ambiental, Lizandro D´León, rechazó ayer que exista interés alguno del procurador general de la República, Francisco Fiallos, por perjudicar de manera adversa a los miles de afectados por sustancias químicas en el Occidente del país, quienes demandan a ocho transnacionales bananeras por el uso inadecuado de nematicidas en las haciendas.
Explicó que esa Procuraduría especial elaboró, a mediados de septiembre, un dictamen en base a la Ley Orgánica de esta institución, donde se reconoce que la Ley 364 (Ley Especial para la tramitación de juicios promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricadas a base de DBCP) es inconstitucional en muchos aspectos.
“Somos los primeros en reconocer que estas personas afectadas merecen una justa indemnización, pero no podemos negar que quienes hicieron esa Ley cometieron muchos errores”, dijo D´León.
Entre los supuestos errores figuran los hechos de que “la ley manifiesta un vacío jurídico al no establecer nada sobre el Recurso Extraordinario de Casación para la parte perdedora”.
Además, señala que la Ley en mención se hizo para aplicación retroactiva, lo que viola el artículo 38 de la Constitución Política, que establece que sólo existe retroactividad de ley en materia penal cuando favorezca al reo.
