La comisión de la Asamblea Nacional que debe dictaminar si hay méritos o no para privar de su inmunidad a Arnoldo Alemán, a fin de que pueda ser juzgado por las acusaciones de corrupción que presentó contra él la Procuraduría General de la República, podría presentar su recomendación a mediados del próximo mes de noviembre, y una semana después el Plenario la discutiría y votaría.
De acuerdo con los artículos 9 y 11 de la Ley de Inmunidad, la comisión dispone de un máximo de 37 días para examinar la queja contra el funcionario inmune y dictaminar si amerita o no privarlo de su inmunidad, plazo que se puede extender a 47 días si la comisión o el mismo interesado solicitan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una prórroga, que no puede pasar de diez días. De manera que como la comisión comenzó su labor el 23 de septiembre, el dictamen deberá estar listo el 30 de octubre o a más tardar el 10 de noviembre, para ser presentado inmediatamente al Plenario de la Asamblea.
Esto significa que a mediados de noviembre el ex presidente Arnoldo Alemán podría quedar a disposición del Poder Judicial a fin de responder por las acusaciones de corrupción presentadas por la Procuraduría General de la República. Y como ya existe una sentencia judicial de auto de prisión por la misma causa, que no se le pudo imponer a Alemán porque se escudó en la inmunidad, en cuanto la Asamblea Nacional lo prive del fuero la juez podría ordenar su detención para enjuiciarlo y seguramente fulminarlo también con auto de prisión, como ya fulminó a los otros indiciados en el caso de “la guaca de la corrupción”.
Sin embargo, si nos atenemos a cómo se manejan estos asuntos en Nicaragua no se puede descartar la posibilidad de que Alemán pudiera eludir la cárcel y el juzgamiento por los delitos de corrupción. En realidad, aunque a algunas personas les parezca imposible, la Corte de Apelaciones podría revocar o modificar de manera sustantiva la sentencia que dictó la juez Juana Méndez en el juicio por la guaca de corrupción, antes de que la Asamblea Nacional suspenda la inmunidad al ex presidente Arnoldo Alemán, y si así sucediera ya no habría razón ni motivos para desaforarlo ni enjuiciarlo.
Este segundo escenario no se puede descartar sobre todo después de la sórdida negociación que hubo la semana pasada para poner fin, al menos por ahora, a la crisis en el Consejo Supremo Electoral, mediante la sorprendente exoneración de responsabilidad penal para el magistrado Roberto Rivas Reyes, y su imposición para un nuevo período como presidente de dicha institución del Estado.
Y como un tercer escenario hay que considerar la posibilidad de un arreglo entre cúpulas para que Arnoldo Alemán se vaya del país. Esta “salida” se menciona con mucha insistencia en los diversos círculos políticos, pues se cree que para el Gobierno del Presidente Bolaños sería muy engorroso tenerlo como prisionero, y que es preferible para la nación que Alemán se vaya al exilio porque en la cárcel sería un permanente factor de perturbación de la estabilidad política del país.
En realidad, las conveniencias de los políticos por lo general no coinciden con los intereses de la sociedad ni con los principios del derecho y la justicia. Por el contrario, casi siempre los políticos colocan sus intereses personales y partidistas por encima de la ley y sustituyen la justicia con el “arreglismo”, que es como define el doctor Emilio Álvarez en su libro sobre la Cultura Política Nicaragüense a esa perversa tradición que “consiste en una entente negociada secreta y directamente por los caudillos de los dos partidos de mayor clientela política, para encarar una coyuntura que de alguna manera les conviene resolver”.
De manera que la sociedad nicaragüense tiene que estar alerta ante la posibilidad de un “arreglismo” para favorecer a Alemán. Los ciudadanos deben exigir que se aplique la ley y que se haga justicia en este caso, o sea que vayan a la cárcel los que deben ir después de comprobarse que cometieron los delitos de corrupción, y que devuelvan lo que le robaron al pueblo.
