El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) nació en 1956 y fue la segunda conquista social más importante de toda la historia de Nicaragua, después del Código del Trabajo que se promulgó en 1945.
Hasta la revolución sandinista de 1979 el Seguro Social operó de manera satisfactoria para los asegurados. Había en Managua un moderno hospital para los asegurados y sus beneficiarios, donde se les atendía con solicitud, y después que lo destruyó el terremoto de 1972, el INSS construyó uno más moderno al que se le llamó “14 de Julio”, pero los sandinistas lo convirtieron en el Hospital “Lenín Fonseca” y lo integraron en el Sistema Nacional Único de Salud (SNUS).
El SNUS fue calificado por los sandinistas como una de sus principales “conquistas revolucionarias”, pero en realidad fue una desgracia para los asegurados y para todo el sistema asistencial de Nicaragua, pues se metió en la misma bolsa a todo mundo, aunque no fueran cotizantes, y éstos perdieron el derecho a la atención médica en tanto que afiliados al INSS. Desde entonces declinó la seguridad social, luego el INSS fue descapitalizado por los gobernantes sandinistas al perder las elecciones de 1990, y, finalmente, el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán lo sometió a una despiadada expoliación.
Ahora, de la otrora excelente seguridad social de Nicaragua no queda más que la indignación de los asegurados, beneficiarios, jubilados y pensionados, que reciben una atención médica deplorable y jubilaciones y pensiones miserables, y además deben tragarse la amarga noticia de que el INSS está quebrado y que sus cotizaciones de muchos años están a punto de desaparecer para siempre.
Pero la crisis de la seguridad social y en particular de los sistemas de pensiones es internacional, derivada en parte de que por el progreso de las condiciones ambientales y sanitarias de vida las personas viven ahora mucho más que antes, porque las mujeres ingresaron masivamente al mundo del trabajo y por lo tanto a la demanda de seguridad social, y porque en muchos casos se disminuyeron las edades de jubilación.
Inclusive en países ricos, como Estados Unidos y los de Europa Occidental, la seguridad social está en crisis, por lo que, para tratar de salvarla se están promoviendo reformas profundas y drásticas, pero indispensables. En Estados Unidos de Norteamérica, el presidente George W. Bush tuvo que crear una comisión presidencial especial para proponer algunos modelos posibles de reformas; mientras que en Europa se libra un intenso debate público e interinstitucional sobre la insolvencia de los fondos de pensiones y jubilaciones provenientes de los sistemas de seguro social.
Sin embargo, en Nicaragua la crisis de la Seguridad Social tiene sus propias características y agravantes. En realidad, aquí no es por el acceso masivo de las mujeres, ni por el mejoramiento de las condiciones sanitarias de vida, ni por la reducción de las edades de jubilación, sino por la desmedida corrupción e ineficiencia gubernamental, así como por la irresponsabilidad empresarial que escamotea el pago de las cotizaciones, que el INSS está al borde de la quiebra según lo advirtió esta semana por medio de LA PRENSA, la presidenta de esta institución, señora Edda Callejas Montealegre.
La inminente quiebra del INSS, dijo Callejas, es debido a la deuda por cotizaciones del sector público (40 por ciento) y de empresarios privados (60 por ciento), que asciende a 1,100 millones de córdobas, equivalentes de más de 75 millones de dólares, de los cuales 550 millones de córdobas se dan por perdidos.
Pero es inaudito y constituye delito que instituciones del Estado y empresarios privados se hayan apropiado del dinero de las cotizaciones de los trabajadores, que es sagrado, aparte de que no enteraran sus aportes patronales, y, además, es injustificable que las autoridades no hubiesen tomado las providencias legales indispensables para castigar a los morosos y obligarlos a pagar el adeudo.
Las autoridades correspondientes tienen la obligación de responder por esta situación ante los asegurados. No es justo que la gente pague más impuestos para cubrir la insolvencia del INSS mientras los deudores y despojadores quedan impunes. Los culpables de esta gigantesca estafa social tienen que pagar de alguna manera por el delito que cometieron.
