Mayda Isabel Melé[email protected]
La biodiversidad de un tramo de 22 kilómetros que van desde Nueva Guinea a La Fonseca, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), recibiría un serio impacto negativo en caso de que se construyera un oleoducto o un ferrocarril, reconoció Byron Walsh, director técnico de Ambiente y Desarrollo (Amydes).
Amydes fue contratada por Sit-Global y el Grupo Phoenix, empresas interesadas en realizar la construcción de un canal interoceánico por vía férrea y un oleoducto, para que realizara los estudios ambientales pertinentes y apoye en la elaboración de los términos de referencia que servirán de base para el futuro estudio de impacto ambiental en los 38 municipios involucrados en los proyectos.
“Hasta este instante es muy importante ese trecho, si lo pudiéramos salvar y dejarlo así como está es importante porque juega un papel en el flujo genético de los movimientos de los animales y movimientos de las plantas”.
Explicó que tal como están las cosas, la frontera agrícola terminará destruyendo ese corredor en un término de 10 años o menos, “lo que significa al cabo de una década las vacas literalmente habrán llegado hasta la bahía de Bluefields”.
Dijo que en caso de realizarse el proyecto habría que implementar medidas de mitigación de impacto y habría que determinar qué tubos o puentes y con qué frecuencia se instalarán para que la fauna pueda cruzar de norte a sur.
Por su parte, Hilda Espinoza, directora general de regulación ambiental del Ministerio Ambiental (Marena), aseguró que un buen trecho son tierras áridas, sin ninguna cobertura boscosa y el oleoducto tendría que reforestar las márgenes para amortiguar el impacto visual y en ese caso el proyecto beneficiaría.
Pero también habrá que tomar en cuenta otros elementos como por ejemplo la indemnización de las propiedades por donde pase el proyecto, reubicación de población. “En términos generales creemos que los principales impactos no son ambientales, sino más con las poblaciones, pero se pueden mitigar de alguna manera”.
Espinoza recordó que todos los proyectos generan un impacto, algunos mayores que otros pero “ése es un costo que hay que pagar por parte del desarrollo… tenemos que poner en una balanza los proyectos positivos y los negativos, si son más negativos no hay que hacer el proyecto”.
Se estima que el estudio de impacto ambiental podría terminarse en cuestión de un año y costará unos cuatro millones de dólares, los que son aportados por las empresas interesadas.
