Sin duda que Nicaragua es un país en permanente estado de construcción institucional. Han transcurrido 181 años desde que se constituyó en Estado libre y soberano, primero en el marco de la Federación Centroamericana y después como República independiente, pero hasta hoy no ha podido consolidar sus instituciones ni darse un sistema de gobierno respetuoso de los principios del derecho, la justicia y la moralidad pública.
Por eso siguen ocurriendo acontecimientos como los que desembocaron ayer en la formación de una nueva mayoría parlamentaria y la destitución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la cual cometió graves arbitrariedades que obligaron a deponerla, tales como negarse a cumplir la Ley de Inmunidad y desacatar dos resoluciones judiciales sobre solicitudes de desafuero de personas que gozan de inmunidad, todo para impedir que fuesen llevadas a los juzgados a responder por acusaciones de corrupción.
De manera que los integrantes de la nueva mayoría parlamentaria hicieron lo correcto, pues el Poder Legislativo no podía seguir secuestrado por una pandilla de políticos corruptos que durante el gobierno anterior saquearon el Estado y ahora se amparan en la inmunidad para no rendir cuentas a la justicia ni pagar por sus fechorías. Y por lo tanto es ridículo el clamor de Arnoldo Alemán de que ha sido víctima de un “golpe de Estado” y que la OEA debe defenderlo, porque este organismo hemisférico y la comunidad internacional en general están claros de lo que pasa en Nicaragua y respaldan la lucha del presidente Bolaños y de la sociedad nicaragüense contra la corrupción, que debía pasar necesariamente por la destitución de la anterior Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el desafuero inmediato de Arnoldo Alemán y compañía para que respondan como es debido ante los tribunales de justicia.
Pero lo que se logró ayer en la Asamblea Nacional apenas garantiza una frágil estabilidad institucional, que se podría romper si el FSLN pretendiera obtener más dividendos de los que razonable y legítimamente le corresponden, es decir, si el partido sandinista pretendiera imponer una agenda legislativa para lo que resta del año de acuerdo con sus conveniencias y no con los verdaderos intereses de la nación, apoyándose en sus 38 votos que le dan una gran ventaja sobre los 9 escaños de la bancada Azul y Blanco.
En realidad, según el artículo 141 de la Constitución, “El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más uno del total de diputados que la integran”, y las leyes “requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes, salvo en los casos en que la Constitución exija otra clase de mayoría”. Esto significa que una sesión constituida con 47 diputados podría aprobar leyes ordinarias con el voto de sólo 24 de ellos, es decir, la mayoría absoluta de los presentes, y el FSLN tiene un total de 38 escaños, o sea 14 más de los que en este caso serían necesarios
Sin embargo, la llave del quórum y por lo tanto de la posibilidad real de aprobar leyes ordinarias la tienen los 10 diputados que no son sandinistas. De manera que si el FSLN quisiera “pasarse de vivo” y aprovechar sus 38 votos para tratar de dictar leyes de su exclusiva conveniencia, y desde la Asamblea Nacional pretender mangonear al Gobierno —como lo pretendió hacer Arnoldo Alemán—, los diputados no sandinistas simplemente no concurrirían a formar el quórum o se retirarían de la sesión correspondiente para romperlo.
El FSLN ya obtuvo en la nueva Junta Directiva una representación de 3 miembros sobre 7, que es equitativa si se considera que por proporcionalidad numérica corresponde un directivo por cada 13 diputados, y los sandinistas son 38.
Por lo demás, cabe esperar que de aquí a enero del próximo año, cuando se tenga que elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la mayor parte de los diputados liberales ya habrá rectificado la insensatez que han mantenido hasta ahora de apoyar a ultranza a Arnoldo Alemán, y estarán reintegrados a su trabajo parlamentario para reconstituir la incontrastable mayoría democrática que los ciudadanos eligieron en los comicios del año pasado.
