José Antonio Poveda Salvatierra [email protected]
Los efectos poco favorables de los programas de ajuste y estabilización en el desarrollo económico y social en nuestro país, obligan a reflexionar acerca de la necesidad de definir una estrategia de desarrollo que debe trascender el horizonte de corto plazo, en el que se han concentrado los programas de ajuste y avanzar en la ejecución de políticas de mediano plazo, orientadas a constituir una nueva estructura productiva, que favorezca el uso eficiente de los recursos; e incorpore los progresos tecnológicos. Esto hace posible obtener niveles adecuados de productividad y de articulación interna y un grado de competitividad que permita mejorar la inserción de nuestro país en la integración centroamericana y la economía mundial. Lo anterior demanda una participación concentrada de los diferentes actores económicos y sociales, en las políticas económicas, sociales, con sociedad, en el marco de una mayor equidad social.
La mayor parte de los programas de ajuste aplicados en los países de América Latina y el Caribe, se ha traducido de manera general en un deterioro de la calidad de vida de la población y en un debilitamiento del sector público. Además, los costos del ajuste se han distribuido de manera desigual entre lo social, afectando más a los trabajadores dependientes y los grupos de ingresos medio. Esto agudiza la inequidad en la distribución del ingreso.
En términos generales, los programas de ajuste estructural aplicados recientemente, han perseguido el equilibrio macroeconómico, combatiendo con firmeza la inflación. Las medidas se caracterizan por su severidad para comprimir la demanda interna mediante políticas monetarias, financieras y fiscales restrictivas. De manera simultánea se avanza en la reforma estructural, cuyo objetivo es liberar la economía a fin de que el mercado guíe la asignación de los recursos. Entre las modificaciones están la liberación del comercio exterior, las corrientes de capital y el mercado de trabajo, así como reformas del Estado (privatizaciones) y del sistema financiero, entre otras.
Sin embargo, se observa que los programas de ajustes se han topado con dificultades para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Nicaragua. Estos fenómenos, además de impedir que se restaure el equilibrio macroeconomía, provocan que se apliquen medidas cada vez más restrictivas que acentúan el problema de la economía y el consecuente deterioro de los ingresos y la calidad de vida de la población. Asimismo, la excesiva insistencia en las medidas de corto plazo ha postergado la solución de las distorsiones estructurales de la economía, causa fundamental de la mayor parte de los problemas a que enfrenta el país y que supuestamente constituyen los objetivos de los programas de ajuste estructural.
El efecto de las políticas de ajuste estructural en el conjunto de la economía ha sido preocupación creciente de los gobiernos del Istmo Centroamericano. Pasadas y actuales administraciones han tenido que enfrentar la inevitable discusión y puesta en práctica de medidas macroeconómicas para llegar a algún tipo de estabilización y ajuste interno de sus economías, sin lo cual no es posible acceder a ningún tipo de financiamiento extremo. También representa una gran preocupación para los gobiernos.
¿Cuál será el tipo de transformación de nuestra economía realmente? Y ¿cuál la política económica que —en la situación política y social del país— puede ser practicada y quién determina lo anterior? Son algunas de las más importantes preguntas que circulan en el entorno. Sin olvidar, en ningún momento, que esta discusión se realiza en un marco de progresivo deterioro de las condiciones de vida, en donde el acelerado empobrecimiento y la creciente incapacidad económica para hacer frente, apuntan a convulsiones sociales que no pueden pasar inadvertidas. Por esto es que el tema del ajuste es materia política que alude directamente a la pobreza en que actualmente se debate el país, del cual la fuerza viva del país deben prevenir sus consecuencias.
Dicho esfuerzo debe involucrarse necesariamente en una lectura crítica, desde Centroamérica, del contexto regional e internacional, y de nuestra propia evolución, así como de nuestras potencialidades y límites. Debe, por lo tanto, emprender a fondo un análisis de la situación, condiciones de vida y de oportunidad de los diversos grupos de población, y de las políticas económicas y los resultados que van obteniendo de cualquier signo. Esto implica una lectura de la pobreza estructural y del ajuste estructural.
La experiencia del ajuste es todavía algo que se está desarrollando y resulta muy corto el marco temporal para una evaluación a distancia de sus resultados. Se tienen algunos datos preliminares sobre éxitos en el ordenamiento interno de aspectos macroeconómicos, y algunos resultados parciales en exportación. Pero igualmente hay datos inquietantes sobre la globalidad de la situación económica y social que obligan a un examen cuidadoso del rumbo que se lleva.
Dejar de tomar rigurosamente en cuenta las condiciones estructurales de pobreza y de crisis productiva que vive la región, así como el contexto mundial, y pensar, desprevenidamente, que el Estado puede y debe expandirse y contraerse a volunta de los organismos financieros internacionales, contradice la realidad del mundo actual. Por ello tampoco es posible que se pueda fortalecer la neutralidad y transparencia de un mercado que, en estos términos, no existe ni regional, ni internacionalmente, y que, tampoco, puede ser capaz de resolver las grandes contradicciones regionales que —sin duda alguna, como se demostró— se agudizarán aún más, y a tal grado que habrán de volver difícil alcanzar una estabilidad social y política menos marcada por la preponderancia de lo económico.
La economía internacional no funciona como el ajuste pretende: ningún país o grupo de países de los que actualmente controlan el comercio internacional, lograron hacerlo abatiendo las barreras internas al libre flujo de mercancías y capitales exteriores.
El autor es Vice-Decano
Facultad de Derecho, UNAN-León
