- Hoy serán acusados dos miembros más del grupo arnoldista
- Según los acusadores, causaron perjuicio al Estado en más de 16 millones de córdobas cuando dirigieron Aduanas
William Briones Loáisiga [email protected]
Marco Aurelio Sánchez y María Haydée Osuna, diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ala arnoldista, serán acusados hoy por Rafael Córdova y el ex diputado liberal Leonel Teller, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto delito económico en perjuicio del Estado, hasta por 16 millones 143 mil 717 córdobas.
Los denunciados habrían cometido el delito cuando fungieron como director y subdirectora de la Dirección General de Aduanas (DGA), respectivamente, en la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán, contra quien también pesan varias acusaciones por delitos contra el Estado.
De acuerdo con los denunciantes, Sánchez y Osuna autorizaron al consorcio Spacio Codesa la construcción de la carpeta asfáltica del área de parqueo y acceso de furgones de entrada y salida del país, de unos 6,436 metros cuadrados, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, obra que poco después se habría hundido por lo precario del recarpeteo.
Teller mencionó entre las anomalías para la ejecución de este proyecto, que “no se formalizó un contrato de construcción del módulo de oficinas administrativas del complejo aduanero de Peñas Blancas, no se elaboraron resoluciones de adjudicación de licitaciones públicas y privadas, no hubo fianza por adelantado, fianza de ejecución o cumplimiento y fianza contra vicios ocultos del consorcio Spacio Codesa, que ejecutó el proyecto”.
“Además, contrataron de manera directa al Programa Polos de Desarrollo-IDR (Instituto de Desarrollo Rural) sin la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tiene que ver una institución rural en construcciones?”, se preguntó.
De acuerdo con el ex legislador, Marco Aurelio Sánchez y Haydée Osuna causaron perjuicio económico al Estado por 544 mil 195 dólares, al autorizar un desembolso de 168 mil 120 dólares para la construcción de dicho parqueo y acceso de furgones, y permitir la mala ejecución de la obra efectuados por el IDR. “Además, causaron perjuicios al Estado por 576,895 dólares por efectuar pagos sin la debida documentación”, agregó.
Teller dijo que presentarán a la PGR la correspondiente documentación, que demuestra la supuesta comisión de este delito por parte de ambos diputados arnoldistas, para quienes pedirán abrir causa y su desafuero.
Fuentes de la CGR confirmaron a LA PRENSA que en esa institución realizan una auditoría a la gestión de ambos ex funcionarios de la Administración de Alemán, la que aún está en proceso, por lo que no quisieron ahondar, aunque confirmaron que además de Sánchez y Osuna, son objeto de investigación otros funcionarios de la DGA, entre ellos: Marta Hernández, ex directora financiera; María Auxiliadora Rosales, ex directora se servicios administrativos; Dina Selva, ex directora de coordinación de proyectos del Ministerio de Hacienda, y Elvis Aróstegui, ingeniero ex residente de la DGA.
De acuerdo con Leonel Teller, el Consorcio Spacio Codesa lo integra la empresa Spacio, en la que figuran como socios Álvaro Munguía, y Alberto y Reynaldo Stadthagen; mientras la sociedad Codesa la integran Luis Ángel Delgado y Jenny Sarria. Esta empresa se habría encargado de ejecutar el proyecto de estacionamiento de furgones en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Ayer buscamos a ambos diputados, pero fue imposible localizarlos.
TARJETAZO DE RAMÍREZ
En días pasados, Rafael Córdova y Leonel Teller demandaron ante la PGR, investigar la supuesta malversación de los caudales públicos, que por seis millones de córdobas habría cometido el diputado Noel Ramírez, cuando fungió como presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Según documentos presentados sobre el desembolso del BCN, Ramírez habría gastado con la tarjeta de crédito de esa institución, entre 1997 y 2001, un millón 414 mil 515 córdobas y 289 mil 784 dólares, fuera de los diez millones 19 mil 923 córdobas que devengó en salarios sin deducciones de ningún tipo, en el mismo período.
En esa ocasión, demandaron a la PGR pedir a la Contraloría la declaración de bienes de Ramírez, antes y después de ejercer el cargo de presidente del BCN, “para que sea verificada por su autoridad, y si fuese necesario, las autoridades de los países donde Ramírez residió antes de trasladarse a Nicaragua”, indican.
“A la tarjeta de crédito número 3726-800188-64008 que Ramírez utilizó durante su gestión y que pagábamos los nicaragüense, le sacó 400,000 dólares en gastos, fuera de los diez millones por salarios, nueve vehículos con su mantenimiento y combustibles, nueve escoltas, seguro médico y hospitalario para él y su familia. ¿Cuánto nos costó el sacrificio de Noel Ramírez, para venir a hacerse cargo del BCN y devengar diez millones entre 1997 y 2001? Eso es una ofensa para un pueblo pobre, donde han muerto unos diez niños durante los últimos días, por desnutrición”, comentó Teller.
