- Coordinador de gobierno regional de la RAAN dispuso que asesores legales indaguen el caso y utilicen las vías legales necesarias
Walter Treminio UrbinaCORRESPONSAL / [email protected]
ALAMIKAMBA, RAAN.- Líderes de las comunidades Galilea y Komwatla se organizaron para respaldar a los indígenas que están siendo despojados de 7 mil hectáreas de tierra, las cuales fueron entregadas por el juez local de la Cruz de Río Grande, licenciado Víctor Salazar, a foráneos de la zona.
La decisión tomada por el judicial Salazar, está creando un problema étnico en la población miskita. “Si las autoridades regionales no paran al juez (Salazar), nosotros estamos dispuestos a defender lo que es nuestro”, manifestó Florentino López, representante de un grupo de indígena de la comunidad de Galilea, jurisdicción del municipio de Alamikamba.
APOYO A MISKITOS
Hurtado García Bécquer, coordinador del gobierno regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en el Caribe nicaragüense, dijo a LA PRENSA que le darán respuestas a las comunidades que están afectadas por la decisión del juez Local de la Cruz de Río Grande. “Es más, dispondremos de los asesores legales de la Casa de Gobierno para que instruya el caso en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas”, apuntó.
“No permitiremos un derramamiento de sangre en nuestros pueblos miskitos, todos somos hermanos, agotaremos todos los mecanismos legales para que se suspendan los títulos supletorios que otorgó el judicial Salazar a colonos”, indicó el coordinador regional.
CONSTITUCIÓN PROHÍBE
La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 181, establece que las tierras comunales de la Costa Atlántica no pueden ser vendidas, ni regaladas “Por lo tanto, el juez de la Cruz de Río Grande no le compete tramitar títulos supletorios porque eso es ilegal”, agregó García.
Los líderes de las comunidades de Tungla, Awasbila, El Corozo, Laya Siksa, Prinzapolkawas y, ahora, Galilea y Komwatla, se presentarán a la próxima sesión ordinaria del Consejo Regional, prevista para el 25 y 26 de septiembre, y así demandar apoyo del Parlamento costeño.
