Silvia González SilesCORRESPONSAL/[email protected]
El diputado Agustín Jarquín Anaya, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, rechazó el proceder del presidente Enrique Bolaños al vetar la ley de suspensión de concesiones de uso de aguas que por unanimidad la Asamblea aprobó el 22 de agosto de este año, y calificó como un error y derrota política dicha actitud.
Jarquín consideró que el presidente está siendo mal asesorado al vetar dicha ley, ya que con esa actitud lo han lanzando al vacío y sin paracaídas, considerándolo como un error político, financiero, técnico y jurídico.
Según Jarquín, es un error jurídico porque el arto. 105 de la Constitución Política establece que para poder poner en concesión el caso del uso de las aguas ya sea para generación de energía como en el caso de Hidrogesa, requiere de leyes expresas y éstas no existen, ya que las mismas aún no se han presentado.
El parlamentario estimó que dicho veto se trata de un tema más político, porque expone al presidente Bolaños a una clara e ineludible derrota política, aduciendo que los detractores de su partido PLC tratarán de utilizar este tema para atacarlo quedando al final sin ninguna defensa.
Admitió que el presidente tiene derecho a la ley del veto, ya que éste tiene fundamento legal, pero de manera genérica, considerando que en este caso las argumentaciones hacen referencia al arto. 102, el que establece que el Estado debe invitar a privados en concesiones cuando es de interés público, siendo del interés de los jinoteganos que Hidrogesa no pase a manos privadas como se pretende hacer.
“Por eso señalo que están equivocadamente ilustrando al presidente, induciéndolo a cometer errores, y por eso evidentemente se queda claro que está siendo mal asesorado, dándole lugar a sus adversarios a utilizar esta derrota política en su contra”, dijo.
Agregó que éste será uno de los principales temas que se estará abordando el 17 de septiembre, cuando vuelvan a la Asamblea, por lo que espera que a más tardar en la segunda semana de octubre se apruebe el nuevo modelo de privatización que él, a su juicio, debería de estar haciendo también el gobierno.
Jarquín dijo mantener su posición, de que es sano que haya participación del sector privado, pero con un porcentaje adecuado, y que el gobierno mantenga su representación entre un 45%, y que además se incluya la participación de la comunidad indígena, porque es hora de que se les reivindiquen sus derechos aunque en un porcentaje pequeño y con una política de descentralización para que tengan participación las municipalidades de Darío y de Jinotega, sobre todo porque ahí están ubicadas las plantas, las municipalidades —al igual que los trabajadores— y en un porcentaje mucho menor las alcaldías de Sébaco y San Isidro.
Por otro lado, dijo que sería bueno orientar la electrificación rural, ya que es una vergüenza nacional que en las zonas aledañas al Lago de Apanás los habitantes indígenas no tengan el servicio, porque además de ser una injusticia cometida por los gobiernos anteriores es una soberana vergüenza, por lo que es hora de reivindicar esos errores y una manera de saldar deudas.
