Irving Cabezas [email protected]
Felicito al Sr. Edgardo Jiménez por su sugerencia original al Sr. Enrique Bolaños, para que presente un proyecto de ley a efectos que se elimine el derecho de la inmunidad a todos los funcionarios públicos, y que aparece en la Edición de LA PRENSA, Página de Opinión, 27, agosto, 2002.
El único problema es que esa inmunidad es constitucional. Para que se pueda cambiar, se necesita una reforma parcial a la Constitución. Esta reforma sólo se hace si amerita, en base a necesidades imperativas de política social, económica o cultural.
En este ambiente, con los actuales miembros del Legislativo —sandinistas y liberales—, con toda la responsabilidad que tienen sobre sus actuaciones en el pasado —que dicho sea de paso no les remuerde la conciencia—, es difícil que accedan a eliminar esa inmunidad.
También existen libros jurídicos-académicos, con multitud de argumentos a favor de ese derecho. El principal es el que se supone que legisladores y funcionarios tienen principios, carácter, moral e idoneidad, y que es mínima la cantidad que abusa de sus funciones. También el legislador o funcionario debe dedicar su tiempo al desempeño integral de sus funciones legales.
Sería la de nunca terminar. Un vecino envidioso o pariente egoísta, por causarle problemas a ese legislador o funcionario, pudiera presentar una demanda o acusación infundada, que repercutiría en el prestigio y moral de esa persona.
Con el sistema judicial imperfecto y parcial que se tiene en Nicaragua, serían odiosos, tenebrosos y prejuiciados los resultados de los mismos. ¿Y adónde va a reclamar el funcionario o legislador que resulte inocente de esos cargos?
Recuerdo el dicho: “Infama, injuria y calumnia, que de la infamia, injuria y calumnia algo queda”.
Además, como se afirma muy elocuentemente: “Es mejor que un culpable quede libre a que un inocente sea encarcelado”, aunque en nuestro país ocurre lo contrario.
