Eduardo Marenco [email protected]
La auditoría adelantada por la Contraloría en la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI), con base en una denuncia formulada por el sindicato y el vicerrector general, ha establecido “indicios de incumplimiento” de la Ley de Probidad y de la Ley de Contrataciones del Estado, confirmó el contralor colegiado, Guillermo Argüello Poessy.
Ayer, LA PRENSA presentó un reportaje informando de las múltiples denuncias que se han producido sucesivamente en la UNI, las que van desde presunto acoso sexual hasta amenazas de muerte.
Según el contralor colegiado, la auditoría se encuentra avanzada en un ochenta por ciento, faltando por examinar una inversión con “fondos propios” de once millones de córdobas en edificios, realizada por la universidad durante cuatro años. Los “fondos propios” se originan en los cobros que la UNI realiza a sus estudiantes.
El sindicato de la universidad denunció 25 puntos, señaló Argüello Poessy, “que van desde la falta de declaración de probidad del rector, incumplimiento de la Ley de Contrataciones; hasta saber si el valor de la construcción de varios edificios es razonable”.
“Se han encontrado indicios de incumplimientos de la Ley de Contrataciones, incumplimiento de la Ley de Probidad de los servidores públicos, pero de esas casualidades del mundo, en la nueva Ley de Probidad, se olvidó imponer sanciones al que no declara (bienes)”, aseveró Argüello Poessy.
La anterior Ley de Probidad establecía como sanción la destitución del cargo.
Sobre la denuncia de filtración de información en el seno de la Contraloría, denuncia efectuada por el vicerrector general, Sergio Álvarez, Argüello Poessy afirmó que se les ha explicado a los denunciantes que “acá la información es pública” pues la Contraloría “no es una central de Policía”.
El director general de Auditoría del órgano fiscalizador del Estado, Juan Ramón Salgado, afirmó que en los próximos dos meses se finalizará la auditoría luego que se haga la notificación de hallazgos a los aludidos.
