- El municipio de Bilwi es una de las zonas preferidas por las ventajas marítimas para ser utilizada como ruta de tránsito y de transacción para las actividades del narcotráfico. Ante la espiral de delitos vinculados a éstas, la población caribeña está sumamente preocupada por la deficiente aplicación de la justicia.
Walter Treminio UrbinaCORRESPONSAL / [email protected]
Los narcotraficantes se trasladan con plena libertad en los litorales de Sandy Bay Norte, ocupan la vía terrestre que une esta zona con el resto del país, navegan en alta mar, y la “barrita de Cabo Gracias a Dios” es un punto conocido para la transacción de la cocaína.
Según documentación obtenida por LA PRENSA, en el período de enero a agosto de este año se registraron 127 casos de droga en el Juzgado Único para lo Criminal de Puerto Cabezas, por los cuales ninguna persona se encuentra condenada.
El capitán Celestino Aguirre, jefe del Departamento de Investigación Criminal, lamentó que “los detenidos por drogas no duran mucho tiempo tras las rejas, obtienen su libertad con suma facilidad, sin embargo, respetamos las sentencias del Poder Judicial”, apuntó.
Las medidas de seguridad en el aeropuerto local han reducido el tráfico de estupefacientes por esta vía, por lo que la actividad ilícita se realiza por carreteras y la vía acuática.
El capitán Aguirre explicó que “en el último trimestre del presente año incautaron siete kilos de cocaína en la carretera, la mayor parte en la comunidad de Sahsa, donde se han visto involucrados buses del servicio colectivo, camionetas privadas y taxis que son contratados como muleros”, denunció.
Según un informe policial, la mayor parte de las personas involucradas en el tráfico y comercialización de cocaína son mujeres, amas de casa, “esto dificulta los procesos judiciales, ya que ha habido muchas mujeres capturadas que tienen recién nacidos, otras presentan enfermedades, y tal vez sea éste el argumento para que sean puestas en libertad”, reveló Aguirre.
CATRACHOS TRAS LA DROGA
La vía fluvial es la más cotizada por los hondureños que llegan a la “barrita”, ubicada entre la laguna de Bismona y Cabo Gracias a Dios, “ahí es el lugar donde se da la comercialización más grande de la droga, los catrachos llegan en pangas con motores fuera de borda que superan los 300 caballos de fuerzas y es difícil de capturarlos”, aseguró Aguirre.
En altas horas de la noche pangas rápidas de fibra de vidrio trasladan la cocaína hacia su destino, y en ese trajinar dejan a su paso por las costas de Sandy Bay Norte muchas barras de “polvo blanco” flotando en las apacibles aguas.
Según el oficial de la Policía, la droga que dejan abandonada los narcos es recuperada por los mískitos, pero también la compran para ser comercializada en la barrita de Cabo Gracias a Dios. Entre los comunitarios se dice que el costo de un kilogramo de cocaína oscila entre 1,200 y 1,500 dólares”, y lo venden a cinco mil dólares el kilo.
Además de la cocaína, el crack ha tenido un incremento en el consumo y comercialización. Por ejemplo, en los 28 barrios existentes en Bilwi, los más afectados son el muelle con 18 puestos, el Cocal: 15, el Sandino: 12, el Peter Ferrera: 10, San Luis: 9, Nueva Jerusalén: 5, Libertad: 2 y Spanis Stown: 2.
Mientras las comunidades donde incide más el consumo, tráfico y la comercialización son: Ninayaris, Lidaukura, Awas Tara y Cabo Gracias a Dios. En estas zonas la cocaína circula casi libremente.
EXÁMENES DE LABORATORIO: UN OBSTÁCULO
Una de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de esta región es la tardanza en los resultados de las pruebas químicas de la droga incautada, algo que es de riguroso cumplimiento según la Ley 285.
Adán Artola, ex procurador regional en el período 1996-2001, dijo que la retardación de justicia es un problema serio, “los abogados defensores se agarran de lo tardío de los exámenes químicos que comprueban la pureza de la cocaína, y aunque la mayoría de los resultados registra un 100 por ciento pura, siempre vienen tarde, o sea, después de los diez días del auto cabeza de proceso”, manifestó.
Silvio Pichardo, Juez Local para lo Criminal de Puerto Cabezas, coincide en que los principales problemas que se presentan al momento de la revisión ocular de la droga es “por el tecnicismo aplicado en el levantamiento de las actas, el retraso de los exámenes químicos de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud”.
“En el Juzgado Local, conozco las causas de drogas de menos de los cinco gramos de cocaína, y los casos de las personas a las que se le incauta crack en menor escala, sin embargo, en más de 100 casos que he llevado en este año, la Policía nunca ha presentado un examen químico que compruebe la pureza de la droga, esto es una retardación de justicia y hay que aplicar la ley nos guste o no”, indicó el judicial.
MONTÓN DE DROGA INCAUTADA
En lo que va del año, la Policía incautó 31 tilas de marihuana, 44.89 gramos de marihuana, 363 piedras de crack y seis kilos de cocaína con 1,130.75 gramos, toda la droga fue incinerada por oficio judicial girado por la licenciada Sara María Espinoza, a finales de julio.
“Es preocupante cómo la niñez y la juventud se están muriendo por la droga, lo peor es que ahora los hijos le roban a sus propios padres e incluso usan la violencia para obtener un dinerito y comprarla”, manifestó el Sr. José Rossman Wilson, coordinador de la comisión antidrogas de Bilwi.
El precio estándar de la piedra de crack en Puerto Cabezas es de diez córdobas, y su efecto puede durar entre 15 a 20 minutos “El adicto tiene que robar para seguir comprando la piedra, ya que el efecto es rápido, vender piedra es la forma más rápida de hacer dinero”, indicó Rossman.
NARCOS COLOMBIANOS SE FUGAN
Cuatro colombianos narcotraficantes originarios de la Isla de San Andrés, y de Bogotá, se fugaron de las celdas de confianza de la Policía, el 5 de octubre de 1998. Después de tres años, once meses y 12 días de la fuga, el Poder Judicial no ha emitido sentencia firme por los delitos de tráfico internacional de drogas, tenencia ilegal de armas y exposición de personas al peligro.
Los colombianos prófugos: Almildo Alberto James Brayan , de 20 años; Antonio Gordón Wooldlow, de 24; Samuel Hernández Vecino, de 26, y Róger Muentes Sánchez, de 28 años, fueron procesados en el Juzgado de Distrito de Puerto Cabezas y fulminados con auto de segura y formal prisión por el juez Dr. Fernando Saavedra, el 16 de junio de 1998.
La Policía, en presencia del Juez de Distrito, el Dr. Fernando Saavedra, y la Procuraduría regional, verificaron la existencia de 1,200 kilos de cocaína, sellada con plástico adhesivo verde, y empacada en seis bultos grandes.
Los colombianos se dirigían a la Isla de Cozumel, en México, y además de la droga se les ocupó un fusil AK, tres cargadores con 55 proyectiles, una panga fibra de vidrio con dos motores fuera de borda con capacidad de 200 caballos de fuerza, tres baterías de radio, tres celulares satelitales, 550 galones de gasolina, un radio HF moderno No. 08016, un GPS 13822B, y algunos enseres personales.
La misteriosa fuga de los colombianos acusados de narcotráfico, ocurrida el 5 de octubre de 1998, todavía no es esclarecida por la Policía Nacional y el Poder Judicial, pues revisando el expediente es fácil percatarse de algunas rarezas que permiten creer que se les facilitaron las condiciones para la fuga.
El 13 de agosto de 1998, el médico forense, Dr. Juan Prado, examinó a los cuatro colombianos y recomendó el traslado de los narcotraficantes a celdas externas por diferentes enfermedades.
De acuerdo con los exámenes practicados por el doctor Prado, los colombianos padecían de dolor de oído y calentura, bronquitis alérgica, infección renal y malaria.
El 14 de agosto, el juez de Distrito, Dr. Fernando Saavedra, gira oficio a la Policía para reubicar a los detenidos en celdas de confianza por recomendaciones médicas. La Policía contesta señalando que los colombianos fueron reacomodados cumpliendo el oficio del judicial.
Sin embargo, en la respuesta, la Policía hizo dos salvedades: una, que las celdas externas no prestaban mayor seguridad para reos de alta peligrosidad, y dos, que era coincidencia que los cuatro narcotraficantes estuvieran enfermos el mismo día.
La madrugada del 5 de octubre un torrencial aguacero fue el mejor aliado de los reos, pues las celdas de confianza amanecieron con las puertas abiertas. En su huida, los colombianos se movilizaron en pangas rápidas de 400 caballos de fuerzas y se trasladaron a la Isla de San Andrés, según la Policía.
La Policía coordinó trabajó en su búsqueda, a través de la Interpol y autoridades colombianas, pero el esfuerzo fue en vano, los cuatros colombiano nunca fueron capturados.
La judicial Sara María Espinoza había programado el juicio en contra de los reos ausentes el pasado 13 de agosto de 2002, sin embargo, fue suspendido por no haberse nombrado el jurado, ya que la Ley 285 en 1998 establecía ese mecanismo en el juicio.
