- Fiscalía española contempla no sólo el cierre, sino también el embargo de la sede
del grupo en Managua
Rolando Flores [email protected]
La embajada española en Nicaragua está a la espera de recibir el auto emitido por el juez español Baltasar Garzón, instando al cierre de la sede de Batasuna, brazo político del grupo terrorista ETA, en Managua.
Según informó a LA PRENSA el consejero de la embajada española Ricardo López-Aranda, todavía no se ha recibido en el país el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que ordena clausurar la vivienda que era utilizada presuntamente por personas vinculadas al grupo terrorista vasco ETA.
López-Aranda, quien dijo desconocer cuál será el papel a desempeñar por esa oficina diplomática en el trámite solicitado por el judicial, señaló que es de esperar que sea tramitado de “Cancillería a Cancillería”.
Según uno de los documentos policiales en los cuales se basó la Fiscalía española para pedir el cierre de la sede de Batasuna en Nicaragua, miembros allegados al entorno etarra compraron una vivienda a la que bautizaron “Casa Lindavista”, el inmueble J-20 ubicado en la urbanización Las Brisas. La vivienda fue adquirida el 26 de febrero de 1987 por la ex militante de ETA Izaskun Larreategui Cuadra.
Una de las pruebas que demostraría que esta residencia era utilizada por el grupo terrorista vasco es que cuando la terrorista Nagore Múgica Álvarez fue detenida en 1996 en el aeropuerto de París, la Policía francesa le encontró en soporte informático una carta enviada desde Nicaragua por otro de los miembros de la banda allí instalados. En ese escrito, se referían a la posibilidad de vender la vivienda y abrir un negocio para poder “sacar adelante algún otro compañero que vaya llegando al país”. En la carta se contemplaba la posibilidad de reubicarse en Granada o Masaya abriendo un café u otro negocio, por lo que los miembros de Batasuna podrían haber abandonado ya Managua, e incluso el país.
EMBARGO DE “CASA LINDAVISTA”
De acuerdo con el propio auto judicial, la vivienda de Managua era parte de un instrumento logístico, “puesto al servicio de los militantes de ETA que permanecen en situación de clandestinidad” en el país. El auto, además, contempla su enajenación, es decir su embargo, por haber servido como “fuente financiera para la creación de un negocio destinado al sostenimiento de esos mismos militantes”.
La embajada española en Nicaragua podría no tener constancia alguna de los ciudadanos que habrían habitado en la llamada “Casa Lindavista”, ya que según el consejero diplomático, los españoles residentes en este país pueden elegir registrarse o no en la embajada.
“Nosotros no somos fiscalizadores, no vamos buscando quiénes están residiendo en el país, al contrario, ofrecemos nuestros servicios consulares a quienes se acercan a nosotros. Los miembros de Batasuna serían para la embajada como cualquier otro español”, manifestó.
Aunque a juicio de López-Aranda es muy prematuro hablar de una posible extradición de cualquier español vinculado a ETA, recordó que existe un Convenio Internacional en el marco de las Naciones Unidas sobre financiamiento de actividades terroristas. Tanto Nicaragua como España han suscrito este convenio que contempla la extradición.
ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA
La organización política vasca Batasuna fue fundada en los años 70 y cuenta con 7 representantes en el Parlamento regional vasco en Vitoria, además de numerosos alcaldes en el país vasco.
El 28 de agosto pasado, el juez Baltasar Garzón ordenó a Batasuna interrumpir sus actividades por al menos tres años por su respaldo al grupo armado ETA. Horas después, el Parlamento español aprobaba una iniciativa para solicitar al gobierno que ilegalizara a Batasuna. La propuesta recibió el respaldo de 295 de los 334 miembros de la Asamblea.
