Mariela Fernández yJuan Carlos [email protected]
Unos 230 trabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI), podrían ser despedidos debido a la reducción presupuestaria de 45 millones que sufrió esa institución por parte de la Asamblea Nacional.
Ante esta situación el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, Roberto González, acompañado de sindicalistas de la DGI, se presentó ayer en las instalaciones del Ministerio del Trabajo (Mitrab) para reclamar la no autorización de estos posibles despidos.
Momentos antes de iniciarse la reunión con el ministro del Trabajo, González dijo a LA PRENSA que habían acordado con el director de la DGI que por lo menos al 30 de agosto (hoy) no habría despidos y que se daría “un período flexible hasta el 10 de septiembre para revisar la situación, en vista que es necesario un encuentro con el titular de Hacienda y Crédito Público para revisar la situación interna de la DGI”.
Sin embargo, parece ser que el director de la DGI no tomó en cuenta la solicitud de González, ya que desde tempranas horas había enviado al Mitrab una solicitud de cancelación de contrato a 101 trabajadores firmantes del pliego petitorio.
“Hace pocas horas nos reunimos con la Comisión Nacional, firmamos un acuerdo con los diputados nacionales y representantes laborales, que no se iba hacer procedimiento de ningún tipo de despidos porque se había planteado que habría una fecha fatal el 30 de agosto y nos dimos plazo hasta el 10 de septiembre”, indicó González.
En tanto Guillermo Ruiz Tablada, director de Recursos Humanos de la DGI, dijo que el motivo del despido de los trabajadores se debe a que el presupuesto original para la institución era de 150 millones de córdobas, sin embargo, la Asamblea Nacional decidió reducirlo a 105 millones, por lo que se ven obligados a rescindir el contrato de decenas de empleados.
Agregó que los empleados que podrían ser despedidos son aquellas personas que no afectan el proceso normal de recaudación de la institución “no importa si tienen varios años de servicios, o son nuevos”, advirtió el funcionario.
Ruiz Tablada señaló que de no despedir a algunos trabajadores la institución se vería obligada a cerrar sus puertas a más tardar en octubre de este año. “Hemos puesto en práctica una serie de medidas de austeridad, pero no son suficientes”, expresó.
Señaló que para los próximos cinco meses la institución únicamente cuenta con 28.2 millones de córdobas, de los cuales siete millones se pagan en gastos operacionales y cinco en sueldos de los empleados.
