- Todo fue legal, aseguran magistrados sandinistas, pero liberales tienen otra opinión
Consuelo [email protected]
Los tres magistrados sandinistas del consejo Supremo Electoral (CSE) presentarán hoy ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia el informe sobre la toma de posesión y juramentación del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (RAAS), que presidieron el pasado sábado, confirmó su ex vicepresidente Emmett Lang.
Lang defendió tanto su decisión como la de sus colegas José Luis Villavicencio, José Miguel Córdoba y Marisol Casillo, de asistir a Bluefields para dejar en posesión de sus cargos a los integrantes del nuevo Consejo Regional, alegando que estaban cumpliendo con una sentencia del máximo tribunal de justicia que es de ineludible cumplimiento.
Siete citatorias
Aseguró que además del mandato judicial, habían presentado siete citatorias a sus cuatro colegas liberales, incluyendo el acuerdo para viajar el pasado martes, además de la convocatoria del pasado sábado a sesión extraordinaria.
“Todo fue legal, porque ellos (los cuatro magistrados liberales) estaban en total rebeldía, hemos citado siete veces con el mismo tema, la última vez el magistrado Mauricio Montealegre alegó que no conocían la sentencia, y fuimos notificados desde el pasado 31 de julio; segundo, que no podían asistir porque la correlación no correspondía la Junta Directiva del Consejo Regional, lo cual, significaba que si el PLC no controlaba no juramentaban. Después asumieron el compromiso de asistir y se ampararon en la muerte del hijo de José Luis Villavicencio”, argumentó.
Explicó que la convocatoria apresurada para la sesión extraordinaria del pasado sábado fue notificada conforme lo establece el reglamento interno con tres horas de anticipación en los despachos de sus colegas Roberto Rivas, Silvio Calderón, Mauricio Montealegre y Jorge Incer, quienes, según él, no asistieron porque no quisieron, pues incluso retrasaron el inicio de la jornada hasta por tres horas.
Lang dijo que no querían cargar con la responsabilidad de la desestabilización que se generó en el Atlántico Norte, y que causó retraso en el desembolso del presupuesto de las instituciones de Salud, Educación y Transporte, entre otros.
LA PRENSA intentó conocer la versión de los magistrados liberales, sin embargo, no respondieron a sus teléfonos celulares.
