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El cobro adicional que Nicaragua le aplica a los productos importados desde Honduras, ha resultado más dañino para los nicaragüenses que para los hondureños, y si el gobierno insiste en mantenerlo puede afectar a toda la región de Centroamérica.
Ese impuesto del 35 por ciento lo impuso el gobierno de Arnoldo Alemán, a finales de 1999, cuando Honduras reveló sus intenciones de adueñarse de una parte del mar territorial nicaragüense y comenzó el diferendo que ahora está en manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El propósito del impuesto, tal como explicaron las autoridades en aquel momento, era recaudar dinero para financiar los costos del juicio en que se debía meter Nicaragua, obligado por la pretensión hondureña.
Otra intención, nunca mencionada en las declaraciones oficiales —pero perceptible—, era la represalia económica contra el sector empresarial hondureño, muy ligado al presidente de ese país en aquella época, Carlos Flores Facussé.
El “impuesto patriótico”, como le llama el gobierno de Nicaragua, está creando problemas graves a la unión aduanera centroamericana, y, al final, quienes lo pagan son los mismos nicaragüenses, afirma el experto en comercio exterior, Oscar Alemán.
A los empresarios de Honduras les ha afectado porque han perdido parte de su mercado, pero los nicaragüenses que importan productos de ese país han tenido que pagar un sobreprecio, y el gasto adicional puede superar los dos millones de dólares durante casi tres años.
Según el gobierno de Nicaragua, las importaciones desde Honduras suman entre 20 y 25 millones de dólares anuales.
Otra consecuencia de ese impuesto son las trabas que los hondureños han puesto a las exportaciones de productos lácteos de ganaderos nicaragüenses, que cuando dejan de vender en el exterior pierden mucho dinero, porque el mercado local es limitado.
Honduras cerró sus fronteras al queso y otros lácteos de Nicaragua el 29 de abril de este año, argumentando que carecen del control sanitario suficiente, aunque podemos deducir que es una represalia económica, como también serían los cobros que pretende hacer el gobierno hondureño por el traslado de mercancías nicaragüenses que salen o entran por Puerto Cortés.
Si Centroamérica quiere unirse y hacer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y después con la Unión Europea, tendrá que botar cuanto antes esas barreras o retrasará el proceso económico que tanto necesitan los países del istmo.
El “impuesto patriótico” en ningún momento resolverá el conflicto limítrofe entre Honduras y Nicaragua, pero sí puede ocasionar más problemas. Será la Corte de La Haya la que diga la última palabra en el diferendo, y ambos gobiernos se han comprometido a respetar la sentencia. ¿Por qué mantener entonces ese impuesto si, contrario a lo esperado, ha golpeado a los nicaragüenses y puede afectar el futuro de Centroamérica?
