Chinandegana reclama indemnización de propiedad

Carol MunguíaCORRESPONSAL/[email protected] Elsa Leticia Tijerino Díaz, pidió al presidente Enrique Bolaños y a todos los confiscados del país sumarse a la lucha para que le terminen de indemnizar su propiedad, cuya extensión es de 2,500 manzanas, ubicada en la frontera norte de Chinandega. En una carta pública, la señora Tijerino expuso que la Oficina de […]

Carol MunguíaCORRESPONSAL/[email protected]

Elsa Leticia Tijerino Díaz, pidió al presidente Enrique Bolaños y a todos los confiscados del país sumarse a la lucha para que le terminen de indemnizar su propiedad, cuya extensión es de 2,500 manzanas, ubicada en la frontera norte de Chinandega.

En una carta pública, la señora Tijerino expuso que la Oficina de Control de Indemnizaciones (OCI), revisó el caso número 5,367 de la propiedad agraria denominada “Dulce nombre de Jesús”, jurisdicción de Somotillo, que fue expropiada en el año de 1980, procediendo al reclamo, una vez que regresó al país.

“Se me canceló el 50 por ciento de la propiedad en el año que gobernó Doña Violeta Barrios de Chamorro, pero quedó pendiente el resto que estaba a nombre de mi madre, quien murió tiempo más tarde”, recuerda la propietaria, que se convirtió en heredera universal de los bienes de su progenitora.

La reclamante dijo a LA PRENSA que, según la Ley de Título de Reforma Agraria, no se pueden extender documentos públicos, ni mucho menos realizar notificaciones a beneficiarios, hasta que la tierra haya sido pagada en su totalidad, arbitrariedad que ocurrió como pueden constatarlo en Somotillo, denunció.

La señora Tijerino dijo que para el proceso de indemnización realizaron una inspección, se elaboró un censo entre los campesinos favorecidos y después de tanto tiempo continúa pendiente de una nueva inspección que finiquitaría el conflicto agrario, originado por las autoridades competentes en Chinandega, tras repartir las tierras privadas.

Según los que ahora están ventilando estos conflictos, no pueden hacer nada más porque una nueva inspección —que es la solución más viable para ventilar el conflicto— sería costosa y la OCI no tiene recursos disponibles para realizar esas acciones y por tanto, queda impune el caso, acotó la anciana.

“Que me haga justicia el ingeniero Bolaños como confiscada que es y exhorto al resto de nicaragüenses que están como yo expropiados a que denuncien esta nefasta resolución porque es continuar siendo víctimas y recibir más atropellos con nuestras propiedades adquiridas legítimamente y con el esfuerzo del trabajo tesonero de los buenos hijos de Nicaragua”, recalcó la denunciante.  

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