William Briones Loáisiga [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Suspensión de Concesiones de Uso de Aguas, que ordena suspender las concesiones que otorgan la Empresa Nicaragüense de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Enacal) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), mientras no se apruebe una Ley General de Aguas.
“Se suspende el otorgamiento de cualquier concesión a particulares de las instalaciones y bienes de la Empresa Nicaragüense de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Enacal) o contratos de administración a particulares”, indica la Ley.
La nueva norma se hace eco de demandas de pobladores de Occidente que se han manifestado en contra de la privatización de Enacal.
Asimismo, la ley prohíbe al Estado “otorgar concesiones a particulares en el sector energético, cuya generación sea usanda de forma exclusiva las aguas”, agrega.
Además, manda a suspender el otorgamiento de las concesiones a particulares que otorga el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) para derecho de uso de aguas, hasta que el Parlamento apruebe la Ley de Aguas.
AFECTA A HIDROGESA, DICE GONZÁLEZ
Aunque la concesión del uso del agua a la empresa Hidrogesa fue otorgada hace algunos años, al menos en la interpretación del diputado sandinista Roberto González, la ley aprobada bloquea la adjudicación de esa empresa a Coastal Power.
González, miembro de la Comisión de Infraestructura del Parlamento, lamentó que el Ejecutivo haya adjudicado Hidrogesa en días pasados a la Coastal.
“Se habían basado en la interpretación antojadiza de una resolución de la Contraloría, que mandó a detener el proceso y que se subsanaran los problemas que causaba esta adjudicación. Poco antes, nos habíamos reunido con representantes de Enel y le advertimos que no íbamos a permitir esa privatización, pero aún así procedieron de manera amañada”, sentenció.
“La ley establece que todo proceso de segmentación o privatización que se haga por aparte debe realizarse con una ley específica. Al no existir esa ley para el caso de Hidrogesa y no haber una Ley General de Aguas, sentamos las bases jurídicas para rechazar esta asignación”, agregó.
La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), suspender de inmediato el proceso de traspaso de Hidrogesa, que por segunda vez había sido adjudicada a la empresa Coastal Power, basados en la denuncia de los indígenas de Jinotega, quienes argumentaron que privatizar Hidrogesa significaba privatizar el Lago Apanás.
LA PRENSA buscó al titular de Mific, Mario Arana, pero en su residencia explicaron que ayer partió a El Salvador en misión de trabajo, en tanto asesores jurídicos de esa institución y Enacal explicaron que están en la etapa de analizar el contenido de la ley, antes de pronunciarse oficialmente.
En septiembre del año pasado el Mific emitió un acuerdo ministerial, al tenor de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, donde indica que a ese ministerio le corresponde administrar el uso de las aguas del país, mediante concesiones y licencias.
