El sábado recién pasado publicamos la información de que el Comité de Organismos No Gubernamentales (ONG) de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), declaró su apoyo a la lucha contra la corrupción que está librando el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños. “Respaldamos con nuestras firmas la desaforación (el desafuero) de todos aquellos que de manera impune se cubren bajo el manto de la inmunidad para que respondan por los hechos delictivos en contra de la nación…”, dice la declaración de Bluefields.
Sin embargo, los representantes de los ONG de la RAAS señalaron también: “El abandono histórico por parte de los gobiernos de turno a la Costa Atlántica y que se benefician de nuestra región mediante las constantes concesiones de explotación de los recursos naturales sin recibir a cambio los beneficios, también es corrupción”.
Es obvio que en este planteamiento hay una confusión conceptual de lo que significa la corrupción gubernamental —que es, por ejemplo, el caso específico de los 100 millones de dólares robados al Estado según la acusación y las pruebas presentadas por la Procuraduría—, con la injusticia del abandono y menosprecio gubernamental a los habitantes de la Costa Atlántica. Lo cual, dicho sea de paso, es básicamente el mismo problema que sufren los nicaragüenses en todos los ámbitos geográficos de Nicaragua e independientemente de que sean indígenas, mestizos, criollos, blancos, morenos o cobrizos.
En realidad, la corrupción política, en el sentido que se da a este concepto en la actualidad, significa sobornar y cohechar a los funcionarios públicos o a cualquier persona con dádivas o de otra manera; apropiarse abusivamente de los bienes y recursos del Estado: malversar los fondos públicos; enriquecerse con el dinero de los contribuyentes y/ o con los aportes de la cooperación externa, etc. O sea que se trata de un concepto jurídico-político que se refiere a la corrupción en el ejercicio del poder político, en la práctica de la administración pública, en el desempeño de la función estatal y gubernamental.
Esto es muy importante tenerlo claro, porque los corruptos y sus defensores legales, políticos y religiosos quieren enredar el problema de la corrupción, asociando a ésta con cualquier forma incorrecta de la conducta humana. Hasta al despido justo o injusto de un empleado, a los precios de los productos y bienes de consumo, a las mentirillas usuales de los niños, se le quiere confundir con la corrupción política y gubernamental, para hacer creer que todos somos corruptos de una u otra manera, que nadie puede ni debe tirar la primera piedra, y que, por lo tanto, no se puede acusar ni culpar, y mucho menos castigar, a quienes aprovechan los cargos públicos para robarse los recursos y bienes materiales del Estado.
La lucha contra la corrupción no se debe confundir con otras demandas y reivindicaciones que son de todo el pueblo, o en particular de algunos sectores sociales, étnicos, religiosos y geográficos, porque al diluir el objetivo y dispersar los esfuerzos, quienes se benefician son los corruptos, que es contra quienes más bien hay que concentrar los fuegos de la crítica, la denuncia y las exigencias de que se les castigue y se recupere lo que le robaron al Estado, es decir, al pueblo.
La lucha de los pueblos costeños por sus reinvidicaciones específicas cuenta sin duda con las simpatías y el respaldo de los nicaragüenses de todo el país, quienes también e independientemente del grupo étnico al que pertenecen o de la zona geográfica donde viven, son víctimas por igual de la injusticia, del menosprecio y del abandono de los políticos que históricamente han gobernado a Nicaragua, llámense liberales, conservadores o “revolucionarios” sandinistas.
No es sano, además, alentar prejuicios y odios étnicos en el interior del pueblo nicaragüense, que suficientes problemas tiene —en el Atlántico, en el Pacífico, en las costas del mar y las alturas de las montañas— debido al atraso y la pobreza, así como al saqueo despiadado de los recursos del Estado por parte de los corruptos que están en el banquillo de los acusados, que tendrán que pagar por sus crímenes aunque se amparen por ahora en la impunidad de su inmunidad y de sus influencias políticas.
