En la vida de toda nación hay ciertos momentos en los que el ambiente político se torna tan complejo, que el ánimo de la población decae ante la aparente insolubilidad de los problemas. Es precisamente en esos momentos cuando la ciudadanía necesita ser alentada por una voz fuerte, clara y autorizada que esté más allá del ámbito político. Esa voz en Nicaragua ha sido, históricamente, la voz del episcopado católico que, con sus cartas pastorales, ha tratado siempre de iluminar la situación del momento con la luz de la fe y las enseñanzas del magisterio de la iglesia. No son pocas las ocasiones en las que el espíritu del pueblo nicaragüense se ha visto alentado por esos mensajes episcopales que lo han instado a mantenerse firme y a seguir luchando sin decaer.
Nicaragua vive en la actualidad uno de esos momentos difíciles de su historia. En las elecciones del año pasado, la ciudadanía escuchó las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, y, haciendo uso de su derecho soberano al voto, llevó a la más alta magistratura de la nación al candidato que en su mensaje de campaña prometió combatir la corrupción que se había enseñoreado en las más altas esferas gubernamentales. El presidente así elegido por una mayoría abrumadora, tomó en serio su promesa de campaña, y, una vez en su cargo, decidió cumplirla, pero, como era de esperarse, se encontró con la firme resistencia de aquellos que, habiendo cometido múltiples actos delictivos en el gobierno anterior, se encuentran atrincherados en las altas estructuras de algunos poderes del Estado. La lucha anticorrupción se prolonga por el manto de inmunidad que cubre a varios de los presuntos delincuentes, y el pueblo, aunque sigue firme y decidido en concluir con éxito esa lucha, necesita una voz de aliento para no desfallecer. Es una pena que la más reciente carta pastoral de los obispos haya perdido la extraordinaria oportunidad de iluminar el presente histórico, y que se haya quedado corta en proveer a la población ese aliento que tanto necesita actualmente.
Como es ya tradicional en ocasión de la festividad de la Asunción de la Virgen María, la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un mensaje en el que hace referencia, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción. Muy acertadamente los señores obispos señalan que esa lucha debe de ser “decidida, firme y de orden ético;” También aciertan los mitrados cuando dicen que la educación hogareña ha de ser parte importante de ella, así como “la denuncia objetiva de hechos concretos mediante los medios de comunicación social…”
No obstante, de una cuidadosa lectura del mensaje episcopal se pueden desprender dos conclusiones fundamentales: en primer lugar, los prelados no apoyan la idea —ya que ni siquiera la mencionan— de que los presuntos acusados de actos de corrupción se despojen de su inmunidad parlamentaria para que puedan ser procesados en los tribunales de justicia. De esa manera, la Conferencia Episcopal de Nicaragua no insta a que las instituciones competentes del Estado cumplan con su misión de conocer de las acusaciones y a que emitan el fallo correspondiente; antes bien, al hablar de una supuesta “reconciliación”, parece más bien estar insinuando a que haya una especie de olvido, de borrón y cuenta nueva, lo cual, obviamente perpetuaría las prácticas gubernamentales corruptas y echaría por tierra el afán de justicia que prevalece en la mayoría de la población que, muy correctamente, siente que para que se reduzca la corrupción tiene que juzgarse y castigarse a los culpables.
Por otro lado —y en lugar de que haya justicia— los obispos promueven un diálogo “sin excluir a nadie” porque, según ellos, “La historia nos ha demostrado que el diálogo ha sido el medio más eficaz para superar situaciones difíciles y confrontativas…”. Lo cierto es que la historia nos ha enseñado que el noble expediente del diálogo en nuestro país ha sido utilizado para hacer pactos y componendas que ocultan las pillerías del pasado. Esta vez, lo único que quiere el pueblo es que quienes han sido acusados de robar recursos del Estado enfrenten los tribunales de justicia como cualquier otro ciudadano. O, ¿es eso mucho pedir?
