Cefas Asensio Fórez*[email protected]
Hace mucho tiempo ya que en Nicaragua se viene hablando de la necesidad de dejar de enfocar la educación como un gasto y pasar a un enfoque de inversión, verla como un negocio de Estado al cual vigilarle su evolución, es cierto, del gasto; pero respecto a sus aportes de personas con los perfiles técnicos, profesionales y humanísticos que el país requiere, así como sus aportes concretos para solucionar nuestros problemas propios del bajo nivel de desarrollo socio-económico. Revisemos un tanto dónde nos encontramos y cuáles retos se nos presentan al respecto.
Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que presenta más retraso en los indicadores de rendimiento del sistema educacional, siendo apenas un poco más del 25 por ciento de niños y niñas que ingresan a primer grado los que logran concluir la primaria; entre los jóvenes de 15 a 25 años que logran estudiar se observan promedios de 4.3 grados de primaria y 2.8 años de secundaria, y sólo el 4.2 por ciento de la población juvenil cuenta con alguna formación técnica, siendo, por otra parte, apenas el 4.1 por ciento de la población nacional el que alcanza el promedio de escolaridad de 13 años o más, es decir con estudios universitarios.
Los logros de eficiencia, concepción fundamental en la evaluación de una inversión, han sido muy relativos y a un ritmo muy lento en educación, evidenciándose la enorme cantidad de recursos no recuperados por la sociedad en términos de costos por alumnos inasistentes o desertores, entre otros. Para mejorar su eficiencia los gobiernos se han enfocado en incrementar coberturas, mejorando y ampliando el funcionamiento interno del sistema educativo (capacitación docente, calidad de materiales educativos, ambientes de aprendizajes y otros), y desarrollando proyectos que les aporten ideas generalizables al sistema.
Es cierto que algunos factores exógenos contra la eficiencia se han combatido, pues se ha intentado una mayor autonomía administrativa mediante la participación de padres y madres de familia en los consejos directivos de los centros autónomos (hoy hacia los centros de participación educativa), se ha ampliado un programa de alimentación escolar, se inician relativas mejoras a los salarios y hay un ensayo focalizado en varios municipios con el bono escolar que intenta estimular por esa vía a los padres de familia por la asistencia escolar de sus hijos.
A la par de lo educativo-pedagógico, el análisis administrativo-económico parece estar siendo relevante para mejorar la eficiencia, ya que se trata de encontrar las alternativas con menos desgaste de recursos disponibles para lograr los objetivos educativos. Por ello es que la experimentación con diversos proyectos debería conducir a evaluar los logros educativos versus los costos unitarios y de ampliación de dichas experiencias, a fin de identificar los proyectos que ameritan convertirse en estrategias generales de desarrollo educativo, tanto por sus logros educativos como por sus costos económicos relativos.
Por otro lado, cabe preguntarnos ¿si puede la inversión educativa ser generadora de riqueza y, por ende, contribuir eficazmente a la superación de la pobreza? A largo plazo no hay duda, y todo plan de desarrollo se podrá considerar sostenible si y sólo si planifica coherentemente el desarrollo de lo que hoy se llama el “capital humano”, que al fin de cuentas es el componente más valioso en las diferentes formas de acumulación de riquezas.
Traduciendo ese enfoque a medidas, significa la reducción del analfabetismo y su capacitación técnico-laboral, así como la formación de técnicos y profesionales con perfiles adecuados a la demanda, lo que, desde otro ángulo, es fortalecer la oferta nacional en aquellas áreas con capital social o ventajas comparativas (agronegocios diversificados, piscicultura, ganadería y productos lácteos, producción artesanal en cuero-calzado, textil vestuario y madera, entre otros).
Pero para considerar el impacto de la educación como una inversión en el desarrollo no basta con enfocarnos en la vía formal del sistema (escuelas, institutos, centros de educación técnica, universidades), hemos de ampliar la visión hacia sus vías no-formal e informal, pues gran parte de la eficacia para contribuir a superar nuestros problemas se desarrollan muchas veces con acciones comunitarias de comunicación, con la capacitación y la acción educativa de los medios de comunicación social.
Esto se puede constatar si revisamos los costos y resultados en el combate a graves problemas socio-económicos como la mortalidad materno-infantil y las enfermedades prevenibles, el Sida, la preservación del medio ambiente, las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades, el embarazo adolescente, la violencia intra-familiar y social, los hábitos productivos y alimenticios, el trabajo a temprana edad, y las migraciones, entre muchos otros.
La educación es un negocio de Estado que no sólo a largo, sino también a corto y mediano plazo, puede generar riquezas cuando con sentido práctico fortalece los conocimientos y actitudes para el manejo de los problemas productivos, ecológicos, de servicios empresariales, organizacionales y otros que atañen a las comunidades, municipios, regiones y al país, así como el desarrollo de habilidades y aptitudes para aprender y crear soluciones a estos problemas.
Las tres vías o ámbitos de la educación, formal, no-formal e informal deben ser estimados económicamente para orientar mejor los recursos del Estado como una inversión. Una posible reorientación en la asignación de recursos podría ser el fortalecimiento de los componentes educativos de los sectores no educativos, tales como Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Producción Artesanal, así como una mayor participación de estos sectores en el sistema educativo a través de proyectos, tales como: microempresas y cooperativas juveniles, formación de promotores comunitarios, desarrollo de pasantías de estudio-trabajo y campañas educativas para esas áreas, así además de asegurar el enfoque curricular de los niveles educativos con un sentido pragmático en la aplicación de los conocimientos.
El enfoque de la Educación como un gasto supone, entre otras cosas, que la misma no es productiva, no genera ingresos, y por lo tanto es una carga para el presupuesto, es decir que los bajos niveles educativos (3er. grado como promedio nacional) son solamente un resultado de los problemas de nuestro bajo nivel de desarrollo socioeconómico, y que logrando un crecimiento del PIB se tendrá “como por goteo” la elevación del nivel educativo de la población. No obstante, un enfoque de la educación como una inversión reconoce que ésta no sólo es resultado, sino una de las causas fundamentales del pobre desarrollo socioeconómico.
Esto se puede verificar en el desarrollo de muchos proyectos comunitarios donde, por ejemplo, la entrega de un servicio básico a la población (sanitarios, servicio de agua, escuelas, unidades de salud u otros), si no va acompañado de un claro y bien concertado plan educativo, no llegan a representar una modificación de la conducta y manera de ver la vida familiar y comunitaria. Mientras, por el contrario, nadie garantiza que incrementar por cualquier otra vía los ingresos familiares se derive automáticamente en una mejor distribución para la educación de sus miembros.
El autor es Consultor en Investigación y Desarrollo Social.
