- Cuatro organismos de la sociedad civil consideran que reformas fiscales protegen a sectores pudientes
- Banqueros rechazan señalamiento del trato preferencial y denuncian cobros indirectos
Mayda Isabel Meléndez yGustavo Ortega [email protected]
Un sector de la sociedad civil clamó ayer porque se retire de la agenda parlamentaria el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos del Legislativo al proyecto de Ley de Ampliación de la Base Tributaria, por considerarlo un proyecto “sesgado” y que beneficia a los más “ricos”, en alusión al sistema financiero.
La discusión del dictamen que contiene muchas reformas respecto al proyecto original enviado por el Ejecutivo, está prevista a discutirse mañana en el plenario de la Asamblea Nacional, según anunciaron la semana pasada los diputados
“De todas formas las posibilidades de cumplir las metas de recaudación son pocas”, coincidieron los dirigentes de Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CEER), la Federación de Organismos No Gubernamentales (FONG), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade).
Estas organizaciones, de manera conjunta, brindaron ayer una conferencia de prensa, para dejar sentada su posición ante la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, la que según señalaron, no cuenta con el apoyo de todos los sectores y aseguran que está diseñada para defender a los sectores pudientes a costa de aumentar la imposición tributaria a los más pobres.
Mauricio Zúniga, director ejecutivo del Ipade, aseguró que según los datos vertidos en el consolidado de la Superintendencia de Bancos (SIB) al 31 de diciembre 2001, el Sistema Financiero Nacional (bancos y financieras) obtuvo ganancias por el orden de los 482.5 millones de córdobas pero sólo pagó 1.4 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR).
“Esto equivale al 0.31 por ciento, en vez de pagar los 120.6 millones de córdobas que corresponden al 25 por ciento (estipulado por ley)”, indicó Zúniga.
BANCOS CON COBROS EXTRAS
Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), Adolfo Argüello, dijo que la banca está sujeta a cobros e impuestos indirectos “utilizados para sostener en pie la economía”.
Aseguró que todos estos cobros le está restando competitividad a la banca, “pues si se nos aumentan los costos, eso se revierte en el encarecimiento de los fondos disponibles para los sectores productivos”.
Por otro lado, Zúniga agregó que en las reformas planteadas se continúan manteniendo las exoneraciones a las inversiones en títulos valores que maneja la banca.
Argüello dijo que estos comentarios son parte del desconocimiento del público acerca de todos los cargos indirectos a los que está sujeto actualmente el sistema financiero.
Señaló que estos costos se trasladan directamente a los usuarios de los préstamos, por lo que las tasas activas están entre las más caras del istmo, lo que conlleva a la reducción de las utilidades de la banca.
PRÉSTAMOS MÁS CAROS
“Si se hace un análisis financiero regional, estos cobros indirectos provocan que los intereses a los usuarios del crédito en Nicaragua sean más caros (más del 100 por ciento) que en el resto de países mientras que las ganancias de los bancos son mínimas”.
Entre estos cargos se encuentran el anticipo del IR, los aportes a la Superintendencia de Bancos, el costo del encaje legal, el Impuesto General al Valor (IGV) y el Fondo de Garantías a los de Depósitos (Fogade).
Estadísticas facilitadas por Asobanp reflejan que el año pasado se destinaron el 63 por ciento de las utilidades en el pago de estos cobros, lo que equivale a unos 296 millones de córdobas.
Las proyecciones apuntan a que este año estos aportes equivaldrán al 160 por ciento de las utilidades, debido a considerables incrementos al Fogade y al encaje legal.
Argüello explicó que este incremento en el encaje legal esperado es un reflejo de los costos incurridos por la compra de los Títulos Especiales de Inversión (TEI) que el año pasado requirió el Banco Central de Nicaragua (BCN) como una especie de “sobreencaje” y al crecimiento proyectado de los depósitos.
Actualmente la tasa del encaje legal es del 19.25 por ciento, tanto en moneda nacional como extranjera.
A FONDO CON EL FMI
El economista Adolfo Acevedo aseguró que la meta fundamental del acuerdo con el FMI se llama “financiamiento interno neto al sector público”.
Explicó que cuando dicha meta es negativa, lo que según sus cálculos sucederá este año, el sector público transferirá recursos al Banco Central de Nicaragua, los cuales, casi de manera íntegra serán destinados al pago de los intereses dolarizados de los Certificados Negociables de Inversión (CENI).
Acevedo citó tres fuentes de transferencia: privatización de empresas de servicios públicos, por 400 millones de córdobas este año y por 600 millones de córdobas en 2003, el financiamiento externo neto que reciba el sector público y el superávit (cuando los ingresos son superiores a los gastos) global después de donaciones. “La cuenta fundamental de este superávit va a ser esta reforma tributaria, que tiene una meta anualizada de 1,000 millones de córdobas”.
Sin embargo el gobierno ha reiterado que sus proyecciones con el proyecto de Ley de Ampliación de la Base Tributaria, es recaudar unos 500 millones de córdobas.
