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Byron Jerez y familia Alemán
Benjamín Blanco [email protected]
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ya está preparada para abrir una vasta investigación sobre el caso de lavado de dinero que persiguen las autoridades judiciales de Nicaragua, donde se involucran varias empresas relacionadas al ex director general de Ingresos Byron Jerez y a la familia y allegados del ex presidente Arnoldo Alemán.
El presidente de la Cámara Penal guatemalteca, Napoleón Gutiérrez, dijo al periódico Siglo XXI de ese país que “nosotros estamos obligados a colaborar con las autoridades de Nicaragua ya que el país firmó un Tratado de Asistencia Legal Mutua Centroamericana, que establece que la autoridad central en Guatemala para conocer peticiones penales es la Corte Suprema de Justicia”, refiere la publicación.
Por su parte el Procurador especial Iván Lara dijo a LA PRENSA que “el objetivo de este convenio es facilitar la cooperación de los órganos de justicia de la región a través de un instrumento jurídico que permita la asistencia legal en asuntos penales”, indicó.
Lara explicó que este tratado, para efectos de aplicación establece quién es la autoridad central en cada país que contará con capacidad administrativa suficiente para que a través de ella fluyan las solicitudes de asistencia que deberán ser tramitadas de conformidad con lo estipulado en el tratado.
Las solicitudes se tramitan de autoridad central a autoridad central. Y en el inciso 3 del artículo 13 se establece que los documentos suministrados serán firmados por el funcionario encargado de mantenerlos en custodia y certificados por la autoridad central mediante sello, cuyo formato aparece en anexo del presente tratado.
Cabe señalar que el tratado deja claro que no se requerirá otra certificación o autenticación de ninguna otra autoridad local, por lo que “los documentos certificados por la autoridad central, serán tomados como prueba admisible de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos”, afirmó Lara.
La ley 285, dice en su artículo 74 que “además de los medios de prueba ya contemplados en el Código de Instrucción Criminal”, se tendrán como pruebas fotocopias, filmaciones, grabaciones, videocintas, discos compactos, disquetes de computadoras, telefax u otros procedimientos similares que serán evaluados por el juez de la causa en la medida que se establezca su autenticidad”.
CONGELARAN CUENTAS BANCARIAS
“La petición que hicimos a Guatemala fue que procediera a ubicar físicamente a los procesados, ver si tienen sociedades mercantiles, propiedades, sus movimientos migratorios, dónde trabajan, cuánto ganan y que se proceda a congelar cualquier cuenta bancaria y bien inmueble que tengan esas personas en ese país”, explicó Iván Lara, Procurador Especial.
