Raúl Martínez*
Ante las contundentes pruebas presentadas por el Procurador, es incuestionable que Alemán, familiares y amigos, deben ser juzgados por las leyes del país, en todo su rigor, pues el daño causado a miles de desposeídos es incalculable. Sin embargo, creo que los nicaragüenses también debemos tener presente que esto no se hubiera dado sin el encubrimiento del FSLN.
Mientras el Ing. Agustín Jarquín comenzaba a cuestionar las transferencias millonarias en el Banco Central, el manejo oscuro de las notas de crédito emitidas por la Dirección de Ingresos, el enriquecimiento ilícito del señor Alemán, etc., Daniel Ortega y Alemán hacían un pacto (no sabemos si hubo dinero por debajo de la mesa) mediante el cual dejó en posesión de este último el control del ente fiscalizador, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional.
El pacto de marras no solamente le dejó libres las manos a Alemán para que continuara haciendo desmanes con el dinero del Estado, lo cual es un encubrimiento, sino que se convierte en un cómplice al permitir que las instituciones se vuelvan supernumerarias, socavando los raquíticos recursos que debieron llegar a los pobres del país. Sólo en Nicaragua existe una contraloría con cinco contralores. En Costa Rica, con 6 mil millones de dólares en exportaciones solamente cuentan con 52 diputados, mientras que en Nicaragua, que exporta 600 millones de dólares, tenemos 92 diputados, con salarios y beneficios que duplican lo que ganan los ticos.
Como podemos observar, el Frente Sandinista, con conocimiento de causa, le abrió las puertas de la caja fuerte a Alemán e indirectamente benefició a algunos de sus leales, a costa del empobrecido Nicaragua.
