- Trabajadores darán su versión sobre lo que sucedió con los contratos de privatización
Noel Hernández Ramos [email protected]
La Federación de Trabajadores Enrique Schmidt solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las supuestas irregularidades que hubo durante el proceso de privatización y traspaso del 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel).
Mario Malespín, representante de la Federación, informó que la Procuraduría ya les confirmó una audiencia el próximo viernes por la mañana, donde se le entregará un informe minucioso del análisis que han hecho sobre los documentos de la privatización que están en sus manos.
Ayer el Procurador en funciones reconoció que ya cuentan con documentación sobre el proceso que, incluso, es adicional a la que el alcalde Herty Lewites les entregó una vez.
De acuerdo con Malespín hubo muchas preguntas que no fueron respondidas durante la conferencia que dieron los socios de Megatel de Nicaragua, dueños de ese porcentaje accionario.
“Hay que preguntarse si esa fecha que tienen esos bonos del tesoro, que dice 30 de agosto, fueron realmente bonos que fueron vendidos a Enitel el 30 da agosto, o si fueron utilizados únicamente para sacarlos a ellos del clavo”, expresó.
Por otra parte, explicó que la adulteración de hojas del Contrato de Servicios de Administración que fue denunciada por el gerente de Enitel, Carlos Ramos, tuvo que ser una trama para ocultar el contenido real de los pagos que Enitel dio a Megatel de Nicaragua por transferencia de capacidad técnica y tecnológica.
“Ellos cambian la hoja donde aparecen estos pagos para ocultar información, ellos metieron la hoja número siete del acuerdo entre accionistas en el documento que dice acuerdo por servicios de administración, para esconder a la Procuraduría y a la Contraloría, la barbaridad que están haciendo”, expresó.
Por otra parte, sostuvo que si el Estado renunció a la condición de que Megatel tuviera un capital de 90 millones de dólares fue porque sólo tenían 43 millones entre los depósitos de garantía y su capital en efectivo, de los cuales 33.1 fueron para pagar las acciones y 10 para pagar la garantía de pago del contrato de servicio de administración.
