- Para que declaren, tienen que llevarlos presos
Iván Olivares B. [email protected]
El tiempo que tiene de estar al frente del Juzgado de Distrito Unico de Nueva Guinea le ha servido al juez Eduardo Carrillo Rosales, para hacer su propio diagnóstico de las razones por las que la gente del campo parece no confiar en el sistema, a tal punto que a veces “he tenido que mandar a traer presos a los testigos”.
No es porque sea autoritario o especialmente malvado. Es algo más sencillo. Si no lo hace así, muchos casos quedarían sin esclarecerse.
“Lo que pasa es que la Policía no tiene capacidad para cubrir toda esta zona, que es muy extensa”, explicó, refiriéndose a las limitaciones materiales y de personal que tiene la institución.
Otra razón es el “concepto errado de la justicia” que tiene la gente del municipio porque “creen que basta con la denuncia, y no vienen (a seguir impulsando el proceso judicial) por temor, entonces los reos salen libres y la gente dice: ¿para qué declarar y arriesgarnos, si los presos salen libres rápido?”, detalló el juez.
Un ejemplo es la iniciativa presentada por la defensa de William Martínez, un ciudadano que fue condenado a 15 años de presidio, luego que fuera encontrado culpable de asesinar a Feliciano Pérez Urbina, hecho ocurrido la tarde del 16 de junio del 2001.
Durante el proceso, varios ciudadanos declararon ante el juez que sabían que Martínez era culpable de la muerte de Feliciano, lo que soportó en parte el veredicto de culpabilidad, pero cuando fue asesinado el principal impulsor del proceso, de nombre Gumersindo Pérez Urbina (hermano del fallecido), los testigos cambiaron de opinión.
El juez Carrillo dijo que el 21 de mayo del 2002, recibió una declaración jurada brindada por seis testigos, quienes aseguraron que, antes de morir, Gumersindo les dijo en diversos lugares y momentos, que él sabía que William Martínez era inocente de la muerte de su hermano.
Carrillo explicó que aseverar algo distinto de lo que le dijeron a él bajo juramento constituye el delito de falso testimonio, que la ley lo sanciona con uno a cinco años de cárcel, aunque la defensa procuró proteger a los testigos al hacer que los declarantes hablaran ante un notario, y no ante el juez.
La fiscal que lleva el caso, licenciada Ana Martínez Chavarría, no se opuso a revisar la nueva evidencia en el proceso, confiada en que “las declaraciones juradas no son suficiente prueba”.
