Diego Alejandro Montiel Morales [email protected]
Parece muy acertada la recomendación que cierto jurista de prestigio ha hecho al gobierno de que todos los funcionarios públicos hagan nuevamente su declaración de probidad para evitar cualquier posible conflicto con la aprobación de la nueva ley que tipifica el enriquecimiento ilícito como delito. Esta nueva declaración debería hacerse sin invalidar que funcionarios que hubiesen mentido en su primera declaración puedan ser procesados por perjurio y cuantos cargos pudiesen ser acumulados en su contra.
Hay otra declaración jurada que todo funcionario público debe presentar previo a asumir funciones, y es un certificado de salud que verifique que dicho servidor público está en plena capacidad física para cumplir con las obligaciones propias del cargo que desempeña, así como para cumplir condenas carcelarias si éstas fuesen impuestas en el futuro. Sin ella los funcionarios acusados de corrupción seguirán aduciendo ser cacrecos y muertos en vida que necesitan aire acondicionado, agua helada, masajista, manicurista y empleada a tiempo completo para poder a duras penas subsistir en este mundo cruel y despiadado, ya no se diga en la penitenciaría.
Los certificados médicos deben ser emitidos por autoridades competentes. Los profesionales que libren estas declaraciones deberán ser responsables ante la ley por las certificaciones brindadas, con severas penas por mentiras u omisiones.
