Una vez más la pelota de la reforma tributaria está en la cancha de la Asamblea Nacional, y, como era de esperarse, la lucha política entre ese poder del Estado y el Ejecutivo se ha arreciado. El viernes pasado, el Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión de la iniciativa de ley de reforma tributaria después de que éste rechazara una versión anterior. El rechazo por parte de la Asamblea Nacional tuvo como consecuencia la posposición de la reunión que el Gobierno tendría con el Fondo Monetario Internacional en el mes de agosto y que haría que ingresaran al país 100 millones de dólares de ese organismo internacional, más otros recursos de diversas fuentes. Esa reunión está ahora supuesta a realizarse en el mes de octubre, pero dependerá, en todo caso, de que si la Asamblea Nacional aprueba o no dicha ley en el menor tiempo posible.
No hay duda de que el diputado Arnoldo Alemán y su bancada tratarán de capitalizar políticamente esa iniciativa de ley del Ejecutivo, al que acusarán de estar “castigando” a los sectores populares al eliminar la desgravación del IR de una veintena de productos de la canasta básica. Es de esperarse, también, que la bancada sandinista se una a los arnoldistas en esas críticas populistas e hipócritas, porque ellos saben muy bien de que aunque es un trago amargo, no puede evitarse, a menos que los legisladores no quieran que se firme un acuerdo financiero con el FMI y deseen hundir al país en un verdadero caos económico.
Como es sabido, la estructura del Presupuesto General de la República es insostenible. Hay un déficit de 4,000 millones de córdobas que hay que reducir, lo queramos o no. El Estado no puede seguir gastando más de lo que le ingresa al fisco. Un administración responsable de los recursos públicos exige poner más en línea los gastos y los ingresos. Pero no es sólo eso. El FMI lo pone como condición para firmar un nuevo acuerdo financiero con Nicaragua y para desembolsar recursos frescos hasta por 100 millones de dólares. Además, ese acuerdo es necesario que esté firmado para que cualquier otro organismo financiero internacional considere la posibilidad de financiar a nuestro país. Los inversionistas mismos esperan conocer ese acuerdo para ver si les conviene o no invertir en Nicaragua. Se trata, entonces, de un asunto muy serio para Nicaragua que no debe de estar secuestrado por Arnoldo Alemán y su bancada en la Asamblea Nacional.
Los arnoldistas y los sandinistas han empezado a rasgarse las vestiduras cuando bien saben ellos que el Gobierno tuvo que negociar muy duro con el FMI para impedir que se gravara la totalidad de productos de la canasta básica como sucede en El Salvador y Guatemala, países en los que el cien por ciento de los productos de esa canasta pagan impuestos. Lo que el Gobierno del Presidente Bolaños hizo fue mantener desgravados los 8 productos que más consumen los sectores populares y en los que éstos gastan la mayor parte de sus ingresos. Estos son el arroz, los frijoles, el aceite, el pollo, la carne, el maíz, el azúcar, las tortillas y los huevos. El Banco Central hizo un estudio para determinar el impacto que tendría el gravamen de algunos productos de la canasta básica en los ingresos de los sectores de menos recursos y determinó que es de un 0.02 por ciento, de forma tal que en términos económicos reales el impacto es pequeño, aunque, obviamente, es susceptible de ser inflado enormemente para fines políticos.
La iniciativa de ley del Poder Ejecutivo contempla también quitar la exoneración de impuestos a los bienes suntuarios que se venden en los supermercados del Ejército y la Policía, suprimir una de las dos exoneraciones de las que gozan los diputados para la libre introducción de vehículos, y hacer que algunos organismos no gubernamentales paguen impuestos. Según los voceros gubernamentales, la idea es que la base tributaria se amplíe, y es lo correcto. Es obvio que se necesita una reforma tributaria total, pero, por de pronto, la Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de ley que tiene en su poder para no seguir frenando el desarrollo del país.
