- Donaciones a Iglesia Santa Marta y a otros particulares
Consuelo Sandoval [email protected]
Las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), incurrieron en aparentes anomalías al conceder contribuciones económicas a la Iglesia Santa Marta en Managua, donaciones a particulares para gastos funerarios autorizadas por su ex presidente, Roberto Rivas, sin la aprobación del consejo de magistrados, y el reintegro en efectivo hasta por tres millones de córdobas después de tres meses y medio posterior a la fecha de su entrega en violación a las normas establecidas por la Ley de Contrataciones, según el borrador del informe de la auditoría practicada por la Contraloría en la institución rectora de los procesos electorales.
El contralor Guillermo Argüello, confirmó ayer que la auditoría que se encuentra en su etapa conclusiva y cuya resolución se dará a conocer durante el mes de agosto, también encontró que el CSE no cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones en la adquisición de 10 mil ponchadoras en forma de diamante, el equipo de seguridad para escoltas, mobiliario de oficinas para el uso de algunos magistrados, lavado, doblado, planchado y empaque de banderas y mantas de las Juntas Receptoras de Votos, así como la compra de canastas navideñas y contrato de publicidad con un único proveedor sin cumplir con las normas de licitación restringida y/o autorización de la Contraloría.
Aclaró que la Contraloría todavía no determina si hubo perjuicio económico para el Estado por todos los hallazgos encontrados en la auditoría al CSE, por lo cual, no pueden establecer ningún tipo de presunción.
Argüello informó que unos quince funcionarios del CSE han sido notificados de los hallazgos de la auditoría, incluyendo a su ex presidente, magistrado Roberto Rivas.
TRES PRESUNCIONES
El contralor Guillermo Agüello, explicó que existen tres tipos de presunciones: La primera de carácter administrativo por incumplimiento de la Ley; civil en caso que haya perjuicio económico al Estado, y penal, si se establece que pudo haber delito. En agosto se determinará el tipo de responsabilidad por lo que 15 funcionarios del CSE han sido notificados.
