- A doce años de la “piñata”, Nicaragua aún debe pagar más de 7,600 millones de córdobas a confiscados
- Mayoría de reclamos que ventila la Procuraduría de la Propiedad son relacionados con las Leyes 85 y 86 aprobadas en 1990
José Adán Silva [email protected]
En casi 8 mil millones de córdobas se calcula la deuda que el Estado nicaragüense deberá cancelar a los confiscados que, 23 años después de la revolución sandinista, aún demandan el pago de propiedades que el izquierdista gobierno de los años 80 confiscó a lo largo de toda una década de guerra civil.
A doce años de haberse legalizado bajo el nombre de Leyes 85 y 86, la “piñata” sandinista aún sigue costando caro al país. Actualmente se calcula en 1,500 millones de dólares la deuda que desde 1990 el Estado de Nicaragua adquirió con los confiscados por el gobierno sandinista en los años ochenta.
Según un informe de la Procuraduría de la Propiedad, denominado “Resumen de la Situación de Reclamantes y Bienes Reclamados”, de esos 1,500 millones de dólares en que se calculó el precio de todas las propiedades confiscadas, se han pagado hasta junio de este año un total de 963.6 millones de dólares.
COSTO SOCIAL INCALCULABLE
El monto de este dinero pagado en forma de Bonos de Indemnización, es el equivalente a 13,779 millones de córdobas. Esta cantidad equivale, según cálculos no oficiales, al presupuesto que Nicaragua ha asignado a la salud pública en los últimos diez años.
De los 1,500 millones de dólares en que se calculó el pago por indemnización, el Estado de Nicaragua aún debe cancelar 536.4 millones de dólares a una extensa lista de confiscados, incluyendo a 741 ciudadanos norteamericanos con casos pendientes por resolver.
Dentro de las resoluciones pendientes por fallar, figuran los reclamos de los ciudadanos norteamericanos que exigen el pago de sus propiedades. La mayoría de los reclamantes son nicaragüenses nacionalizados norteamericanos, que huyeron del país al inicio del gobierno sandinista.
Algunos de ellos, según denunciaron los pasados dos gobiernos, ya han recibido las indemnizaciones, pero inconformes con ello reabrieron los casos y exigieron nuevos pagos.
GRINGOS PRESIONAN
Hasta junio de este año, se habían resuelto 4,210 casos de reclamantes norteamericanos, pero todavía quedan pendientes 741 casos.
De la resolución de problemas de propiedad a ciudadanos norteamericanos, depende la aprobación del llamado “waiver”, que es la calificación de aprobación que el gobierno de Estados Unidos le da a los países donde sus conciudadanos tienen problemas con la propiedad, y que implica el mantenimiento de la ayuda norteamericana a dicho país, o la suspensión de la misma. Cada año Nicaragua pasa por ese proceso de calificación por parte del gobierno estadounidense.
De enero a junio del 2002 la Procuraduría ha resuelto 253 casos de la propiedad.
El procurador General de la República, Francisco Fiallos, explicó que la mayoría de los problemas que se ventilan en la Procuraduría de la Propiedad son los relacionados con las Leyes 85 y 86. Estas leyes se establecieron en 1990, cuando el gobierno sandinista legalizó miles de propiedades a favor de militares, policías y civiles que ocupaban casas confiscadas o abandonadas por sus antiguos propietarios.
RECLAMANTES EN ESPERA
Según el procurador General de la República en funciones, Francisco Fiallos, hasta junio del 2002 existían un total de 7,488 personas que reclaman 19,882 propiedades supuestamente confiscadas por el gobierno sandinista en los años ochenta.
w Aparte de esta cantidad de propiedades reclamadas, existen 14,767 propiedades más que están listas para ser indemnizadas (con bonos del Estado), luego de que la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones así lo resolviera.
w De acuerdo al mismo informe, hasta la fecha también existen 7,102 casos de propiedades pendientes de resolución, que de ser aprobados se sumarían a los millones que Nicaragua ya debe por la confiscación ocurrida hace doce años.
PESADA HERENCIA
Esta deuda social por pagarse, de 536.4 millones de dólares, convertida en córdobas de acuerdo al precio oficial respecto al dólar (14.3) significaría 7,671 millones de córdobas que deberán ser asumidos por el Estado nicaragüense. Con esa cantidad adeudada, bien se cubriría cinco veces el presupuesto asignado para salud este año, que es de 1,532 millones de córdobas.
