- Experto penal lo recomienda a la luz de nuevo delito de enriquecimiento ilícito
William Briones Loáisiga [email protected]
Que los funcionarios públicos renueven la declaración de sus bienes, a la luz de la recién aprobada Ley de Probidad de los Servidores Públicos, propuso esta semana el penalista Sergio Cuarezma, debido a la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, disposición que no podría aplicarse retroactivamente a los funcionarios que rindieron su declaración antes de la entrada en vigencia de la ley el pasado 28 de junio.
Según el jurista, “el incremento con significativo exceso” se observa al comparar el ingreso del funcionario con su declaración de probidad. Al entrar en vigencia esta norma, surge la siguiente pregunta: ¿De cuál declaración patrimonial estamos hablando, la hecha antes de la entrada en vigencia de este delito o de una nueva declaración?
“Si un funcionario es denunciado en los próximos meses o años, de enriquecerse ilícitamente, sin haber hecho una nueva declaración, y se descubre que ese enriquecimiento es producto o efecto de hechos contenidos en su antigua declaración, el juez no podría utilizar aquellos medios de prueba para imputarle el delito pues el incremento se produjo cuando el delito no estaba vigente”, manifestó.
“No podría saberse con exactitud, si hay o no hay enriquecimiento, porque para eso, se necesita saber cuál declaración de probidad debe utilizarse. Mientras no se rinda una nueva declaración, será difícil determinar si el incremento es producto de actividades ilícitas, eso obliga a ‘sincerar’ el patrimonio de cada funcionario”, agregó.
Según Cuaresma, la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito a propuesta del Poder Ejecutivo, es jurídica y socialmente oportuna. “Es un arma institucional para luchar contra los funcionarios que se enriquecen con el dinero de la población, pero para que tenga mayor efectividad, y evitar interpretaciones maliciosas, sería saludable que los funcionarios públicos presenten nuevamente sus declaraciones de probidad”, propuso.
Explicó que “la declaración de probidad es el parámetro del enriquecimiento ilícito, delito que se comete cuando el funcionario incrementa su patrimonio con significativo exceso, respecto a sus ingresos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda justificar al ser requerido por el órgano competente en la ley (Contraloría General de la República)”, explicó.
