- Administración niega y dice que lo que quiere es reformar algunas cláusulas “dañinas” del convenio colectivo
Gabriela Roa Romero [email protected]
La Junta Directiva del sindicato Lolo Molina denunció recientemente ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab), que la administración de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) está presionando a los trabajadores para que renuncien a su filiación sindical “con el objetivo de crear un sindicato blanco, que responda a los intereses de la patronal”.
De ser cierta la denuncia, la administración estaría violentando el artículo 87 de la Constitución Política, que dicta que “ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca, los trabajadores se organizarán voluntariamente”.
Además, podrían estar incurriendo en violaciones al fuero sindical que establece el Código del Trabajo.
Emilio Noguera, inspector general del Mitrab, aseguró que van a investigar la denuncia, aunque desde ya advirtió que ese tipo de acusaciones es difícil dilucidarlas.
“De ser cierta la acusación, sólo la podremos comprobar si uno de los trabajadores que renunció al sindicato acepta que fue presionado por la administración, pero prefieren callar por miedo a ser despedidos”, dijo.
Por su parte, Roberto Zelaya Blanco, Presidente Ejecutivo de la EPN, aseguró que la denuncia es totalmente falsa, ya que no existen tales presiones sobre los sindicalistas.
“Lo que sucede es que algunos trabajadores han decidido formar su propio sindicato porque no se sienten representados por esta organización de tendencia sandinista”, dijo.
Asimismo, explicó que están tomando medidas para renegociar algunas cláusulas del convenio colectivo actual, por considerarlas “dañinas” para la empresa.
“Estos convenios fueron firmados después del 25 de febrero de 1990, es decir, durante el período de transición, y como son derechos adquiridos se han venido prorrogando”, explicó, tras comentar que ya pueden seguir cumpliéndolas.
Entre las cláusulas “dañinas” para la empresa, están: indemnizar al trabajador despedido con un mes del último salario por año trabajado hasta un máximo de 25 meses.
Otra establece que cuando un trabajador inicia sus trámites de jubilación con el Seguro Social, la empresa debe indemnizarlo con 27 meses del último salario devengado, más la cantidad de mil dólares para gastos de funeral.
Según Zelaya, si logran renegociar estas cláusulas podrían rebajar tarifas.
