- Dice que solo ha recomendado a los Jueces atenerse a los artículos 97 y 98 de la Ley 278 , al emitir sentencia
Ary Neil Pantoja [email protected]
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, negó que haya ejercido presiones sobre la Juez Árbitro de la Propiedad, Marina Pérez, para que ésta fallara a favor de la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, en un litigio de propiedad en el que Méndez es parte.
En una carta enviada al Diario LA PRENSA, Solís expresa su rechazo a los señalamientos de que haya incidido sobre una decisión arbitral a través de la presión a la juez Marina Pérez. Solís también rechazó la pretensión de vincular el cierre de los Tribunales de la Propiedad a supuestas presiones de parte de los magistrados del Poder Judicial sobre los jueces árbitros.
“Jamás en mi vida he presionado a dicha señora (Marina Pérez) ni directa ni indirectamente y las pocas veces que me ha tocado estar con ella ha sido en reuniones que la hemos citado ya sea en la Comisión de la Propiedad o en la Comisión de Régimen Disciplinario, comisiones de las cuales soy miembro y a las que por distintas razones en diversas ocasiones hubo de comparecer dicha señora, estando siempre el suscrito acompañado de otros magistrados”, dice Solís en su carta.
Tras reiterar que nunca ha ejercido presión a Pérez o cualquier otro funcionario judicial, Solís dijo que lo único que ha hecho —al igual que el resto de miembros de la Comisión de la Propiedad de la Corte Suprema— es “recomendar a todos los Jueces Árbitros atenerse estrictamente a los artículos 97 y 98 de la Ley 278”, al momento de emitir una sentencia en cualquier caso.
ORGULLO Y CONCIENCIA TRANQUILA
Solís refirió que lo único que hizo en el caso de la juez Juana Méndez, fue enviar un fax a la doctora Reina Trigueros quien, según Solís, después de una reunión con los miembros de la Comisión de la Propiedad, le “solicitó toda la información disponible, tanto en sentencias nuestras, como de otros tribunales”.
“Me siento orgulloso y con mi conciencia tranquila de haber enviado ese fax y más bien no envié otras dos sentencias de la Corte Suprema que reiteran este criterio”, expresa Solís en la carta haciendo referencia a que las “asignaciones (de propiedades) hechas por el Estado a los ex miembros del Ejército y del antiguo Ministerio del Interior deben respetarse y convalidarse…”.
“(…) Debo agregar que a parte de lo que establece la ley y la jurisprudencia, mi propia conciencia y mis deberes morales me dictan que a quienes durante la década de los 80 defendieron con su vida la Patria y la Revolución, lo menos que podemos reconocerles es el derecho a tener una vivienda digna”, señala el magistrado Solís.
