- Artificio legal permite teóricamente acceder a declaraciones de probidad, pero depende de voluntad del funcionario
- Si se rechaza solicitud de acceso a declaración, se puede recurrir por la vía de lo contencioso administrativo
William Briones Loáisiga [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, la que teóricamente garantiza el acceso ciudadano a la declaración de probidad de los funcionarios públicos, aunque el trámite exige el permiso del funcionario que puede rechazar la solicitud, quedando como alternativa recurrir ante los tribunales de lo contencioso administrativo, los que actualmente son infuncionales.
La discusión del acceso ciudadano a las declaraciones de probidad tuvo un impasse cuando el diputado liberal Alfonso Ortega Urbina propuso que las esposas e hijos de los funcionarios no fueran obligados por ley a declarar su patrimonio, lo que según los legisladores sandinistas les facilitaba a los funcionarios usarlas como testaferros.
Otro “pegón” lo constituía el acceso público a la declaración de probidad de los funcionarios. Los parlamentarios liberales pretendían que se siguieran manejando con el mismo sigilo, pero una moción de consenso entre sandinistas y liberales dejó establecida una libertad condicionada a la voluntad del funcionario.
Aunque la Ley, no lo establece, los diputados que aprobaron esta norma explicaron que en caso que sea rechazada la solicitud, el solicitante puede puede recurrir por la vía de lo contensioso administrativo. Actualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo está presidida por el magistrado Julio Ramón García Vílchez, pero hasta el momento esos tribunales no funcionan.
EX CONTRALOR SATISFECHO
El ex contralor Agustín Jarquín se manifestó satisfecho por la aprobación de la Ley, fundamentalmente por el acceso ciudadano, de periodistas y los organismos fiscalizadores de los recursos públicos.
“La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República tendrán acceso directo con solamente solicitarlo, para indagar sobre la declaración patrimonial”, manifestó.
Jarquín explicó que en el mismo momento que los funcionarios realizan su declaración de prioridad, autorizando a la Contraloría para que indague todo lo que considere pertinente “los bancos pueden ir a la declaración de ingresos para constatar la situación de los funcionarios, es un logro del país”, dijo.
En el caso de la ciudadanía y los periodistas, se necesita previamente llenar los trámites burocráticos, pero en principio no se les puede negar el acceso.
REGALOS SON DEL ESTADO
Por otra parte, explicó que “los funcionarios que reciban dádivas, por razones de su cargo, inmediatamente pasan a ser parte del tesoro nacional y debe declararlo en un término perentorio a la Dirección General de Bienes del Estado del Ministerio de Hacienda y la CGR, eso es un avance”, agregó.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, comentó que esta Ley “supera con creces a la Ley de Probidad de los Funcionarios Públicos”, en vigencia desde 1979. “Esta Ley plantea al funcionario que Nicaragua quiere un funcionario probo, honesto, transparente, con responsabilidad ante sus electores y el pueblo de Nicaragua”, indicó.
La nueva Ley de Probidad establece su aplicación para todos los servidores públicos, de los cuatro poderes del Estado, organismos centralizados y descentralizados como entes autónomos, entidades de creación constitucional, gobiernos municipales y de las regiones del Caribe nicaragüense, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, directores, gerentes, administradores o cualquier persona que represente al Estado en bancos e instituciones financieras, empresas y sociedades donde el Estado tenga participación.
