- Dos Juezas de la Propiedad en Managua destituidas por no cumplir órdenes de tres magistrados sandinistas
- Magistrado Rafael Solís dice que la juez Marina Pérez “está enferma y equivocada”, al afirmar que ha sido presionada por él y por su colega Yadira Centeno
Freddy Potoy Rosales [email protected]
Dos juezas árbitros de la Sala II de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones de Managua, fueron suspendidas de sus cargos porque se negaron a cumplir las peticiones de tres magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de resolver algunas sentencias en favor de personas que viven en propiedades “piñateadas”.
La presidenta de la Sala II de la Propiedad, doctora Marina Pérez Aguilar, fue suspendida de su cargo ayer a las 9:43 de la mañana, mientras que la otra juez Reina Trigueros, permanece fuera de la institución desde octubre de 2001.
Pérez Aguilar expresó ayer a LA PRENSA que los magistrados sandinistas Rafael Solís Cerda, Yadira Centeno y Alba Luz Ramos Vanegas, han ejercido presiones desde el año pasado en la Sala II de la Propiedad para que varios casos en los que se disputan varias propiedades sean resueltos favorablemente a personas vinculadas al sandinismo.
Pérez fue separada de su cargo sin goce de salario, no obstante, a Trigueros le mantuvieron su salario desde octubre de 2001, fecha en que fue suspendida, según dijo la ex presidenta de la Sala II de la Propiedad.
Según Pérez, a ambas ex funcionarias del Poder Judicial la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ, cuya presidenta es la magistrada sandinista Yadira Centeno, le han levantado instructivos oficiosos (investigaciones) sin que haya denuncias, demandantes, acusaciones o personas que hayan manifestado sentirse ultrajadas en sus derechos.
Agregó que en el caso de Trigueros, la Comisión de Régimen Disciplinario esgrime que dicha ex funcionaria tenía problemas de forma en su protocolo de 1997.
“Si la Comisión de Régimen Disciplinario sabía sobre la situación de la doctora Trigueros, ¿por qué no consideraron en ese momento que eso era un obstáculo y permitieron que fuera electa como Juez Árbitro de la Propiedad?”, se preguntó Pérez.
Posteriormente, según Pérez, la doctora Trigueros se negó a entregar la presidencia a otro miembro de la Sala II de la Propiedad, petición que le habían hecho los magistrados Rafael Solís Cerda y Yadira Centeno. Ellos le dijeron: “Si usted no vota por la doctora Teresa Leiva, aténgase a las consecuencias porque la separamos del cargo”, recordó Pérez.
DENUNCIA PRESIONES DE CENTENO Y SOLÍS
“La doctora Yadira Centeno después de estar en una reunión con ella, nos obligó, nos presionó a convocar para elegir un nuevo presidente”.
“Como no elegimos a la persona señalada por ellos (Solís y Centeno), sino que salió electa la propia doctora Trigueros para presidenta de la Sala, a los dos o tres días le estaban notificando a ella (a Trigueros) la suspensión, pero no por ninguna de las causales establecidas en la Ley 278, sino por el problema en su protocolo en 1997”, afirmó Pérez.
De acuerdo con la ex funcionaria, a partir de esa fecha hasta ayer, esa Sala de la Propiedad ha estado sometida a “presión constante y enorme de parte de la Comisión de Régimen Disciplinario para que nosotros resolvamos las sentencias en determinados sentidos cuando hay intereses de por medio”.
Según Pérez, en una ocasión discutió acaloradamente con la magistrada sandinista Alba Luz Ramos Vanegas, porque esta última le levantó el tono de voz diciéndole que el caso en el que el señor Francisco Figueroa Haffner era demandado, debía fallarse tomando en cuenta el artículo de la Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria que establece la prioridad para los retirados del Ejército o de la Policía. Esto significaba que la Sala II de la Propiedad debía fallar a favor de Figueroa. Finalmente, Figueroa resultó beneficiado con la sentencia, pero Pérez disintió y razonó su voto.
“Mientras aquí se dé este tipo de situaciones con nosotros y con los jueces de Distrito, considero que nunca dejará de haber corrupción, porque ya no es mi voluntad pura, es mi voluntad viciada la que viene a resolver el juicio; si mi voluntad y mi criterio son viciados y alterados por otra persona, quiere decir que no estoy siendo legal, no estoy aplicando el estricto derecho, sino obedeciendo órdenes”, afirmó Pérez.
Indicó que ella rechaza este tipo de actitudes, y por eso no es del agrado de los magistrados de la CSJ, “porque cuando me piden un favor en este sentido, yo les digo que sí, pero que me lo pidan por escrito, al tomar yo esta actitud, lógicamente no soy grata para los magistrados”.
LAS PROPIEDADES DE LA DISCORDIA
Al menos siete casos que se ventilan en la Sala II de la Propiedad en Managua, donde están en disputa propiedades que fueron entregadas a personas al amparo de las Leyes 85 y 86 (conocidas como leyes de la piñata sandinista), fueron las causas de las destituciones de las juezas árbitros Marina Pérez Aguilar y Reina Trigueros.
En uno de los casos, la demandada es la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, quien obtuvo una casa en residencial Los Robles. El Estado quiere que ese bien le sea devuelto.
La señora Joaquina Noemí Blandón, representada por Aura Lila Blandón, es demandada por David Zamora, Emma Lugo Downing y Emma Downing de Lugo, para que la primera les devuelva tres propiedades que tiene en residencial Bolonia, en Managua.
Asimismo, los señores Francisco Figueroa, Ramón Leets, José Guido Soza y otros, y la Asociación Cultural de Artistas de Masaya (ASCAM), enfrentan problemas con las propiedades —que fueron piñateadas— que ellos tienen, y que varias personas reclaman como propias.
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