Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) estableció presunción de responsabilidad penal contra el ex ministro de Hacienda y Crédito Público —y prófugo de la justicia— Esteban Duque Estrada, al comprobarse que el Estado perdió 34 millones de córdobas en la compra de 202 propiedades que pertenecían al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), para ser entregadas a los desmovilizados de la Resistencia.
También se estableció responsabilidad administrativa contra Alfonso Llanes, actual vicesuperintendente de Bancos, quien era miembro de la Junta Directiva del Banic.
Llanes dijo que él sólo participó en la venta de 45 propiedades y que no fue notificado por los auditores de la Contraloría de los hallazgos, por lo que recurrirá de amparo contra la resolución.
El informe fue dada a conocer ayer por el contralor Luis Ángel Montenegro, quien es de la idea de que el dinero que se perdió del Ministerio de Hacienda fue utilizado, junto con el que se perdió de Iniser con la operación Marinakis, para la compra del Banic de parte de algunos ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán.
“El auditoriaje arroja que se produjo un daño al patrimonio del Estado por la suma de 34 millones de córdobas, que corresponden a propiedades que fueron pagadas a precios superiores a los establecidos. Es decir, sobrevaluaron las propiedades”, dijo Montenegro.
Agregó que en esta operación también se pagaron propiedades que no le pertenecían al Banic en casi un millón de córdobas.
Además, dijo que se escrituraron 462 manzanas que no existían en los registros públicos, por lo que el Estado pagó por propiedades inexistentes. En otros casos éstas fueron agrandadas en papeles.
Montenegro recordó que Duque Estrada primero ordenó el desembolso de 48.9 millones de córdobas bajo el concepto de certificados de depósitos fijos en el Banic, bajo una modalidad de rendimiento superior a las establecidas en el mercado financiero. Posteriormente el ex titular de Hacienda emitió otro decreto ministerial donde ordenaba pagar 108.6 millones de córdobas bajo la misma modalidad, para la compra de las propiedades que serían entregadas a los desmovilizados. Finalmente, el Estado se desembolsó 98 millones de córdobas de los que se perdieron 34 millones.
La resolución será remitida con los exámenes de auditoría a los Juzgados de Managua, para que se tramite un juicio penal contra Duque Estrada.
