- Ley deja fuera a los ahorros del Estado en el sistema financiero y los depósitos del sistema de pensiones
María Antonia López M. [email protected]
Los cuentahabientes o entidades jurídicas que no estarán protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) están obligados a confiar en el sistema financiero nacional o le corresponderá al gobierno crear otras disposiciones que permitan a este sector de ahorrantes evitar pérdidas en caso de liquidaciones bancarias, sostuvo el economista, Sergio Santamaría.
La Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero en su artículo 31 establece que la garantía sobre los ahorros será de hasta un máximo por depositante en moneda nacional o extranjera equivalente a 20,000 dólares, incluyendo principal e intereses devengados hasta la fecha del inicio de la restitución.
El artículo excluye a una serie de ahorrantes, tales como instituciones del Estado o personas naturales cuyos ahorros pasan los 20 mil dólares, en ese sentido Santamaría manifestó que ese techo establecido por ley podría subir siempre y cuando la economía registre crecimiento.
Pero también comentó que se debería tomar en consideración que el mismo funcione como una prima para un reaseguro internacional y aumentar la cobertura y solventar la demanda del mercado de ahorrantes a la hora de una quiebra bancaria.
“Aunque los 20 mil dólares establecidos es suficiente dinero para un gran sector, hay otros que quedan descubiertos, y para evitar que éstos decidan sacar sus ahorros del país tienen que dárseles algunas garantías”, indicó.
En tanto, personas naturales cuyos ahorros son mayores a los 20 mil dólares, solamente pueden tener garantía mediante la publicación quincenal de sus estados financieros y presupuestarios que incluyen los pagos por encaje, los problemas de morosidad, inversiones en el exterior, así como auditorías que la Superintendencia de Bancos pueda practicar.
También señaló que se debe revisar la situación de las instituciones del sector público que tienen una parte de sus fondos colocados en entidades bancarias y a fin de cuentas se trata de dinero aportado por los contribuyentes distribuidos mediante el Presupuesto Nacional de la República.
“Creo que debería volverse a la cuenta única del gobierno en el Banco Central, tal como existía antes de 1979 y parte de los años 80. Los depósitos de las instituciones estaban centralizadas y además eso permitía el control de sobregiros y mayor control presupuestario, evitando el riesgo de pérdida a través del sistema financiero”, opinó Santamaría.
LOS QUE NO SERÁN CUBIERTOS
El artículo 30 de la Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero establece que no habrá cobertura de garantía sobre los depósitos mantenidos por otras instituciones financieras en la entidad afectada.
Los depósitos mantenidos por administradoras de fondos de pensiones, Bolsa de Valores, Puestos de Bolsa y cualquier otro inversionista institucional.
Así como depósitos de instituciones del sector público, depósitos de empresas o entidades jurídicas que pertenezcan al mismo grupo económico de la entidad afectada.
También los depósitos de directores, gerentes, administradores, accionistas, representantes legales, auditores, hasta cónyuges y parientes
No serán cubiertos tampoco los depósitos de personas o entidades cuyas relaciones económicas con la entidad hayan contribuido al deterioro patrimonial de la misma
Además depósitos originados por transacciones en relación con las cuales haya habido sentencia condenatoria por la comisión de un delito y en general los depósitos constituidos con infracción de normas legales o reglamentarias, entre otros.
