- Un dictamen de auditoría fiscal de la Dirección General de Aduanas; una resolución de la Contraloría General de la República y las “reconsideraciones” de la Procuraduría General de la República sobre cinco de los nueve procesados, se han convertido en los mejores aliados de los primeros reos en un caso de corrupción del gobierno anterior, cuyas pruebas llevan hasta el propio
ex presidente Arnoldo Alemán
José Adán Silva yJorge Loáisiga [email protected]
El caso de fraude al Estado por 1.3 millones de dólares a través del Canal 6 ha recibido en las últimas semanas tres fuertes golpes que debilitan los cimientos de las múltiples pruebas contenidas en el expediente judicial que actualmente se encuentra en la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua.
En primera instancia, el caso desembocó en autos de prisión para nueve ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán, y dejó también causa abierta para el propio ex presidente de la República y dos de sus más cercanos colaboradores, protegidos por la inmunidad parlamentaria.
El primer golpe lo dio la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por tres contralores liberales y dos sandinistas, que estableció en una resolución sobre el caso, presunciones de responsabilidades penales únicamente para tres de los nueve ex funcionarios involucrados en el fraude. Ellos son el prófugo ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, el ex director del Canal 6 Sidney Pratt, y el ex administrador financiero del Canal 6, Dagoberto Rodríguez, estableciendo para los otros implicados únicamente presunciones de responsabilidad civil y administrativa.
En el caso del ex director de Telcor, David Robleto, la CGR no encontró ninguna responsabilidad, a pesar que, al igual que los otros nueve, actualmente tiene auto de prisión y está prófugo de la Justicia.
Asimismo, un informe de auditoría fiscal en la Dirección General de Aduanas, realizado del 4 de marzo al 7 de mayo y dirigido al hoy ex subdirector de Aduanas, Eliseo Núñez (hijo), determinó que equipos televisivos valorados en 2.5 millones de dólares ingresaron como supuesto contrabando al país, con destino al Canal 6. El contralor colegiado, Argüello Poessy, considera que dicha auditoría podría probar la inocencia de los procesados.
“Si hay más de 2.5 millones de dólares en equipos, y el supuesto daño patrimonial al Estado era de 1.3 millones de dólares, me parece que no hay tales delitos ni daños al Estado, más bien reflejan un beneficio”, reflexionó Argüello.
Sin embargo, el mismo Argüello Poessy firmó la resolución en la que se establece presunción de responsabilidad penal contra Duque Estrada, Pratt y Rodríguez. “Si hubiese conocido esa auditoría, no la hubiera firmado”, se justificó.
Lo que el contralor Argüello Poessy pasa por alto es que en el acuerdo firmado con Casco S.A., supuesta intermediaria de TV Azteca, la televisora mexicana que proveyó los equipos, nunca se habló de venta, sino de un arrendamiento por el que el canal estatal pagaría cinco mil dólares mensuales; y que la televisora mexicana asegura que nunca recibió un solo centavo por la transacción.
Además, Argüello pasa por alto un documento emitido por la propia TV Azteca, en el que reconoce que los equipos que iba a arrendar al Canal 6 no sobrepasaban el millón y medio de dólares, y el mismo documento recalca que serían arrendados.
Pero a estos dos documentos hay que agregarle un tercer hecho: la Procuraduría General de la República (PGR), por medio del procurador especial Eduardo Boza, se retractó la semana pasada de sus acusaciones contra cinco de los nueve ex funcionarios implicados que hoy guardan prisión, aduciendo que no se les han encontrado las responsabilidades del delito, y que no se ha demostrado la delincuencia de los procesados.
Los cinco son: el ex presidente de Enitel, Salvador Quintanilla; el ex presidente del Instituto de Turismo, Ausberto Narváez; el ex administrador de la Empresa de Aeropuertos, Mario Medrano; el ex director de Telcor, David Robleto, y el ex director financiero de Enitel, Armando Bermúdez.
LA GÉNESIS DEL FRAUDE
La trama para defraudar al Estado inició el ocho de agosto de 2001 con la emisión de dos cheques por 100 mil dólares a Canal 6 de parte de Enitel, dirigida en ese entonces por Salvador Quintanilla, quien actualmente guarda prisión por el caso.
Pero no fue hasta el 13 de agosto de 2001, que Pratt, director de Canal 6, y Quintanilla, suscribieron un contrato de pautación publicitaria por 500 mil 880 dólares.
Los días 15 y 16 de agosto, dos días después de la firma del contrato, se emitieron tres cheques, por 260 mil, 111 mil y 100 mil dólares, respectivamente, para Canal 6.
Todos los cheques fueron endosados a favor de Servicios Integrales Casco S.A., empresa del mexicano Alejandro López Toledo, que supuestamente representaba a TV Azteca.
Además, las facturas que emitió Canal 6 por esos cheques fueron en córdobas por 260 mil, 111 mil y 100 mil córdobas, en vez de dólares, con las cuales se soportó los comprobantes de pago de Enitel.
Pero obviando que al menos dos cheques fueron emitidos antes de tener ningún tipo de respaldo o contrato, y que el total de los cheques sobrepasa en 70 mil dólares el contrato tardío, la PGR señala en su petición de libertad para Quintanilla, que los cheques fueron emitidos a nombre del Sistema Nacional de Televisión, y no podría tener el señor Quintanilla conocimiento de la ilegal actuación de Pratt y Mayra Medina, quienes endosaron dichos cheques.
NARVÁEZ Y MEDRANO
El 21 de septiembre de 2001, siguiendo instrucciones de la entonces directora de Comunicación Social, Marta McCoy, Ausberto Narváez y Mario Medrano, como representantes de INTUR y la empresa Administradora de Aeropuertos, firmaron un “convenio de cooperación internacional, mediante el cual Medrano entregaría al Intur 350 mil dólares.
Ese acuerdo establecía, entre otras cosas, desarrollar un sistema de información a través de misiones diplomáticas de Nicaragua en el exterior, elaboración de material turístico promocional (folletos, videos, reportajes etc.), participación en ferias y eventos de promoción internacionales, realización de viajes de familiarización de tour operadores locales o internacionales, diseño y despliegue de campañas promocionales y publicitarias a lo interno y en el exterior, dirigidas tanto a los mercados tradicionales como a nuevos mercados potenciales, celebración de seminario y talleres promocionales en el exterior, con mayoristas, periodistas y agentes de turismo, de los principales mercados emisores de turismo y de Nicaragua.
Sin embargo, ninguna de estas actividades fue realizada con el dinero que salió del Aeropuerto, y Narváez se limitó a transferir los 350 mil dólares a Canal 6 bajo el supuesto de que esta empresa le realizaría un video promocional de Nicaragua el cual sería transmitido en México y Panamá.
Esto no ocurrió, y Narváez presentó el video hasta el día que se entregó a la Policía Nacional. Los 350 mil dólares fueron a parar a las cuentas de Casco SA, y aún se desconoce en manos de quién está el dinero.
PGR: ¿Y LA DIRECTIVA DEL AEROPUERTO?
Respecto a estas dos personas, la Procuraduría a través de Boza, alega falta de delincuencia de los procesados. “Al señor Medrano se le impuso auto de prisión en su calidad de gerente de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales por ejecutar lo ordenado por la Junta Directiva, tal como fue demostrado en las actas 133 y 134, además, con la certificación del acta 77 del 23 de septiembre del año 2000”.
“Señora juez, no puede atribuirse responsabilidad penal al señor Mario Medrano por ejecutar lo ordenado por la Junta Directiva, y en caso de que su actuar fuera delictivo, como así lo dejó plasmado en su sentencia, quienes deberían haber sido procesados serían todos los miembros de la Junta Directiva y no el señor Medrano”, dice Boza.
Sin embargo, en el acta 134, Mario Medrano hizo un análisis general sobre “el impacto de las acciones terroristas en el desarrollo del turismo de Nicaragua”, con base en el cual fue autorizado a suscribir el convenio con el Intur, por parte de la Junta Directiva del Aeropuerto.
Y en cuanto al caso de Narváez, la Procuraduría consideró que éste no cometió el delito de fraude porque no participó en la discusión y aprobación del convenio con Canal 6, pero sí lo ratificó y firmó con posterioridad.
RESPECTO A BERMÚDEZ
Otro de los ex funcionarios a quien la Procuraduría pidió “reconsiderar” su caso y por quien también alegó que no se le ha demostrado la delincuencia, es al contador Armando José Bermúdez, quien fungía como financiero de Enitel.
De acuerdo con los hechos que rolan en el expediente, Bermúdez autorizó la emisión de cheques hasta por 100 mil dólares de Enitel a Canal 6, sin que la empresa de telecomunicaciones tuviera obligación contractual con la televisora estatal.
Además, soportó los comprobantes de pagos de cheques hasta por 500 mil 880 dólares con facturas con los mismos montos de los cheques, pero en córdobas, cuando realmente los había entregado en divisa norteamericana.
