Juan Bosco Acosta Ló[email protected]
Mucho se oye mencionar que nuestro país es el más seguro de Centroamérica, que los activos más fuertes de que dispone Nicaragua para atraer la inversión extranjera son la mano de obra barata y la seguridad del país. De esto se ufana la Policía, las autoridades de Gobernación y el propio Presidente de la República.
Pero vale preguntarse de qué tipo de seguridad estamos hablando y cuáles son los parámetros que se utilizan para medir la eficiencia policial, porque usted, yo, su vecino… en el entendido de que seamos ciudadanos normales de este país, seguramente no podríamos transitar con seguridad en muchos y —óigase bien—, muchos barrios de Managua, y del resto de departamentos, sin correr el riesgo de ser asaltados e incluso asesinados. Entonces cabe preguntar: ¿Nicaragua es seguro para quién?
En las estadísticas policiales todavía están pendientes de resolver los asaltos realizados en las sucursales bancarias de Interbank y el Banco de América Central, para mencionar algunos delitos que a todas luces fueron ejecutados por el crimen organizado. Cabe entonces preguntarse, ¿nuestra Policía es eficiente por qué?
En Nicaragua existe una delincuencia marginal, asaltantes de barrios, de patios, de estudiantes, de esquinas oscuras, delincuentes de pandillas, pedreros y sin ánimo de hacer apología al perfeccionamiento de los métodos delictivos para suerte de la clase más pudiente, no se manifiestan de manera constante, asaltos bancarios, secuestros, plagios, fraudes, delitos cibernéticos, etc. Por tanto, efectivamente, Nicaragua es un país seguro para el gran inversionista. Nuestra Policía es eficiente para resolver delitos domésticos. Pero, entonces ¿dónde queda la seguridad de la mayoría de la población? Mientras no asesinen a un alto jefe policial los pandilleros pueden operar tranquilamente en cualquier barrio, ya que la Policía no dispone de recursos para realizar los patrullajes pertinentes. Mientras la DEA no se sienta molesta por el accionar de la Policía en obstaculizar el paso de droga por nuestro país a los Estados Unidos, a lo interno pueden seguir operando los más de cuatrocientos expendios controlados que un día señalara un alto jefe policial y los no controlados también. Mientras no haya voluntad política en las esferas del poder, la delincuencia de cuello blanco puede seguir esquilmando el erario público, ya que la Policía adolece de competencia y de eficiencia.
Es importante entonces que la sociedad civil tome conciencia de la necesidad de que se diseñe un verdadero plan de seguridad ciudadana con una participación activa, que demande del Estado mayor cantidad de recursos para las fuerzas de seguridad pública, que actúe como fiscal social del buen uso de estos recursos, que se involucre en este plan de mayor número de instituciones posibles y que apoye decididamente la ejecución del mismo, encaminado a mantener esa oferta de seguridad al inversionista y que ésta se traslade al ciudadano común que a diario con su esfuerzo contribuye al desarrollo del país.
El autor es Consultor en seguridad privada.
