- Indemnizaciones a las confiscaciones de sus propiedades fueron a tres vías: efectivo, devoluciones y bonos de indemnización
- Sus “sacrificios por la democracia” fueron generosamente remunerados por el Estado
José Adán Silva [email protected]
El argumento esgrimido por el presidente Enrique Bolaños durante la Cumbre Presidencial de Granada para justificar el pago por su pensión vitalicia, la cual consideró como un pago por las confiscaciones sufridas en los años ochenta, contrasta con declaraciones dadas en septiembre de 1998, cuando el entonces vicepresidente de la República reconoció haber recibido dinero en efectivo y bonos de indemnización como pago por las confiscaciones a sus propiedades, según consta en documentos en poder de LA PRENSA.
Las declaraciones escritas del ex vicemandatario, reunidas en un escrito denominado “Exposición del vicepresidente Enrique Bolaños sobre el pago en efectivo de una de sus propiedades”, fueron emitidas desde El Raizón, Nindirí, el 24 de septiembre de 1998, como respuesta a la polémica que generó la noticia de que se le indemnizaría con 2.7 millones de córdobas por la finca de Masaya que le habían confiscado en 1989.
PAGO DE 2.7 ERA EL 15% DEL TOTAL
“Sólo esta propiedad (15 por ciento del valor de mis reclamos) es la que se me está pagando en efectivo, de acuerdo a la ley. Los restantes reclamos (85 por ciento del valor de lo reclamado), aunque en justicia deberían serme devueltos, o pagados en su totalidad, se me están pagando con Bonos de Indemnización, porque así lo justifica la ley”, dice Bolaños en el documento.
Bolaños fue confiscado en junio de 1985, junto a los 26 miembros de su familia Bolaños-Geyer, de 1,800 manzanas de tierras, tractores, vehículos, aviones agrícolas, talleres, cuentas bancarias y otros bienes.
Algunos de los argumentos de la oposición sandinista dicen que Bolaños no debió recibir pagos en efectivo, porque la ley establecía el pago en bonos de indemnización, los cuales fueron determinados precisamente para pagar las confiscaciones hechas en la década de los ochenta.
Otro de los cuestionamientos que se le hizo a Bolaños, según el expediente engavetado en la Asamblea Nacional, es que la indemnización fue ordenada por una resolución del Instituto de Reforma Agraria en agosto de 1997, cuando era la Oficina de Cuantificaciones de Indemnizaciones (OCI), la que debió haber instruido tales pagos.
EL COSTO DE LOS «SACRIFICADOS»
Bolaños ha recibido del Estado este año un total de 402,699 córdobas en calidad de pensión vitalicia, la cual justificó como una compensación por su lucha civil antisandinista y por las confiscaciones de que fue objeto.
Junto a Bolaños, cinco personas más reciben pensiones vitalicias de más de 80 mil córdobas mensuales, según la Ley de Inmunidad, que establece el pago de la pensión vitalicia para los ex presidentes y ex vicepresidentes electos que concluyen su período electoral.
Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Chamorro, Virgilio Godoy, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, le cuestan al Estado sólo en este año un total de 6,347,716 córdobas.
Parte del documento explica que a Bolaños le confiscaron en 1989 tres fincas llamadas San Jerónimo, Santa Rosa y La Garcieña, las que juntas forman 68 manzanas.
Por esas 68 manzanas, Bolaños recibió una indemnización de 2 millones 703 mil 900 córdobas, que le serían entregados en cuotas mensuales de 200 mil córdobas, hasta el 30 de mayo de 1999.
El pago de esa indemnización, según el documento, sería incluido en el proyecto del Presupuesto General de la República para el año 1999.
Los primeros 200 mil, el vicepresidente los recibió en abril de 1998 y los últimos el 30 de mayo del 99.
