Si la solución de los problemas de Nicaragua dependiera de los disturbios políticos, las protestas sociales y los “tranques”, este país sería uno de los más desarrollados y prósperos del planeta.
En realidad, en los últimos años ha disminuido la frecuencia de las protestas y la colocación de obstáculos en las calles y carreteras, pero desde que terminó —en 1990— el régimen sandinista y en consecuencia la gente tuvo la libertad de manifestarse públicamente contra el gobierno, se han hecho en el país miles de protestas callejeras, incluyendo los odiosos “tranques”, muchas veces hasta por motivos insignificantes.
No se conocen estadísticas locales ni internacionales sobre estas “actividades sociales” de protestas públicas y “tranques”, sin embargo, si las hubiera Nicaragua ocuparía uno de los primeros lugares en el mundo, igual que en índices de pobreza y corrupción.
Y ahora los “tranques” vuelven a amenazar la tranquilidad pública y el derecho de las personas a la libre circulación, porque algunos líderes del gremio de caficultores quieren por ese medio obligar al Gobierno a que les resuelva la crisis en que se encuentran debido fundamentalmente a la sobreproducción internacional y la caída de los precios.
De acuerdo con sus intereses particulares los caficultores tienen razón en presionar al Gobierno para que les resuelva la crisis o al menos para que les ayude a salir de ella. Pero es evidente que las autoridades gubernamentales están haciendo lo que pueden para ayudarles, pues resolver sus problemas es prácticamente imposible por la simple y sencilla razón de que el Estado no tiene recursos económicos para hacerlo, precisamente porque los rubros tradicionales de producción, exportación y generación de riquezas, como el café, vinieron a menos desde hace ya mucho tiempo.
Es muy fácil decir que así como el gobierno de Arnoldo Alemán “dio” 400 millones de dólares para salvar al sistema financiero nacional del colapso que pudieron haber provocado las quiebras bancarias fraudulentas, debería hacer lo mismo para salvar la caficultura, que según algunos caficultores es la que mantiene la economía nacional, lo cual no es cierto puesto que a estas alturas el café apenas representa el ocho y medio por cierto del total de las magras exportaciones nacionales. Además, es imposible que el Gobierno haga con la caficultura lo mismo que hizo con el sistema financiero, pues no tiene de dónde sacar más recursos económicos, ni puede aumentar la deuda pública que la irresponsabilidad y la corrupción del gobierno anterior hicieron crecer en forma desmedida y descomunal.
De manera que los caficultores tienen que aceptar la realidad de que lo único y lo más que pueden obtener es una solución parcial a sus problemas, por ejemplo la de conseguir nuevas prórrogas a las ejecuciones por vencimiento de deudas con los bancos, los cuales, por otra parte, tienen que recuperar los créditos so pena de colapsar ellos también.
Es lógico que los caficultores traten de reforzar sus demandas al Gobierno con acciones públicas de presión. Y está bien que lo hagan siempre y cuando no atropellen los derechos de las demás personas con los “tranques” que impiden el libre tránsito en las carreteras, tal como trataron de hacerlo el lunes pasado en la mañana en el puente de Sébaco, lo que provocó un enfrentamiento con la Policía porque ésta tiene la obligación de mantener despejadas las vías públicas y garantizar el libre tránsito del transporte y las personas.
Los caficultores han gozado históricamente de mucha estimación social y no deberían cambiarla por el repudio de la ciudadanía. Sus líderes gremiales tienen que comprender que así como la Constitución (artículo 54) “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, previamente (artículo 31) establece el derecho a la libre circulación de las personas y señala ante todo (artículo 24) que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”.
El respeto incondicional a estos principios sustantivos de derecho y libertad, tanto por parte de los gremios como de los ciudadanos y los gobernantes, es la base de la convivencia pacífica. No hay que olvidarse de esto.
