Las informaciones que se conocieron la semana pasada sobre compras de bienes de uso personal y familiar, incluyendo exóticos artículos de lujo y costosas joyas, por 1.8 millones de dólares estadounidenses que hizo el doctor Arnoldo Alemán en numerosos países de todos los puntos cardinales del planeta cuando fue Presidente de Nicaragua y con una tarjeta de crédito pagada por el Banco Central de Nicaragua, causaron una inmensa indignación a la ciudadanía nicaragüense.
En realidad, indignación es lo menos que podrían provocar semejantes abusos con los exiguos recursos de una nación que sobrevive gracias a la cooperación internacional, tanto por la cantidad de dinero público utilizado para superfluos gastos personales como por el descaro y la irresponsabilidad de quien hacía un obsceno derroche durante las muchas veces que viajó al extranjero, supuestamente a buscar ayuda para la población nicaragüense abatida por los desastres naturales, las catástrofes políticas y la pobreza.
Y del mismo modo es despreciable el desparpajo con que los incondicionales del ex presidente Alemán justifican esos abusos, argumentando que las tarjetas de crédito pagadas por el Banco Central a cuenta de la Presidencia de la República, existen desde 1983 (cuando gobernaba el FSLN) y de que esos eran gastos discrecionales de la Presidencia de la República. Y además, tratan de restarle mérito a la denuncia porque —dicen— se ha hecho pública por motivaciones políticas.
Pero cualquiera que sea la razón por la que se hizo pública la información sobre las extravagantes compras universales —con dinero del pueblo— del ex presidente Alemán, lo importante es que esos abusos sean conocidos en detalles por la ciudadanía y que las autoridades correspondientes investiguen las denuncias como es debido, y que traten de llevar ante la justicia a quienes resulten culpables.
Por otro lado, aunque fuera cierto que las tales tarjetas de crédito presidenciales pagadas por el Banco Central fueron establecidas desde los tiempos del presidente sandinista Daniel Ortega, y que se usaron también durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, eso no justifica el abuso de Alemán ni de nadie. En todo caso, si eso fuera verdad, quienes ejercieron la autoridad del Banco Central durante los gobiernos anteriores serían cómplices de los abusos que se hubiesen cometido con las tarjetas de crédito y, además, culpables del delito de violación de la ley orgánica de esta institución financiera, que no tiene entre sus atribuciones la de avalar y pagar tarjetas de crédito para ningún funcionario gubernamental, ni siquiera para el Presidente de la República a cuenta de sus asignaciones presupuestarias.
Lamentablemente, aunque los argumentos en defensa de Alemán sean tontos e inconsistentes, son esgrimidos por las mismas personas que controlan los resortes fundamentales del Poder Legislativo y que están impidiendo hacer justicia con acusados de corrupción durante el gobierno anterior que se están amparando en la inmunidad parlamentaria. Pero a pesar de eso, la opinión pública debe presionar al Gobierno para que investigue hasta el fondo los abusos denunciados y para que el Banco Central informe públicamente sobre todos los gastos personales que se hicieron con las tarjetas de crédito presidenciales pagadas por dicha institución desde 1983 hasta ahora.
Además, el Gobierno del presidente Bolaños debería pedir colaboración internacional para castigar a los corruptos, de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Corrupción que se adoptó en 1996. Y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica debería cumplir la promesa que hizo en marzo pasado el subsecretario de Estado Otto Reich, de que para combatir la corrupción que “además de robarle recursos al pueblo corroe su confianza en sus instituciones” Washington recurriría, entre otros medios, a la revocación rutinaria de las visas norteamericanas de aquellos funcionarios públicos que hayan robado al Estado.
Algunas personas aseguran que el gobierno nicaragüense no debería buscar padrinos extranjeros para combatir la corrupción. Pero la verdad es que la cooperación externa es indispensable también para castigar a los corruptos, y con seguridad que si EE.UU. revocara la visa de Alemán éste no tardaría en ser destituido del cargo que usurpa en la Asamblea Nacional, y en huir del país o responder ante la justicia por las incontables acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
