Desde ayer y hasta mañana se está realizando en Washington D.C. una Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas, convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que participan miembros de casi todas las Cortes Supremas de Justicia y periodistas de los principales periódicos de Norte, Centro y Suramérica.
La Cumbre de Washington discute temas fundamentales como la independencia de la justicia; restricciones institucionales sobre diversas publicaciones; prohibiciones judiciales al ejercicio de la libertad de prensa; acceso a la información pública en general y de carácter procesal en particular; protección que deben brindar las instituciones judiciales a la libertad de expresión; y ante todo, el problema de la violencia criminal que sufren diversos periódicos y periodistas y la necesidad de que los gobiernos y las autoridades judiciales juzguen como es debido a los culpables de las agresiones contra los medios de comunicación y los profesionales de la información.
El marco de las discusiones de la Cumbre de Washington sobre Justicia y Libertad de Prensa lo constituyen los principios y postulados de la Declaración de Chapultepec sobre Libertad de Prensa, que ha sido ratificada por 27 gobernantes de las tres Américas, incluyendo al actual presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien la firmó el año pasado en Managua cuando andaba en campaña electoral.
Por múltiples razones, la Cumbre de Washington sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas tiene una gran significación para todos los países americanos, pero particularmente para Nicaragua, un país donde la justicia está fuertemente cuestionada por la opinión pública debido a su politización derivada de los pactos partidistas para la repartición de los poderes gubernamentales y el erario, entre el PLC y FSLN. Pero, además, en muchos países de nuestra América y sobre todo en Nicaragua por la razón antes apuntada, las relaciones entre autoridades judiciales y prensa se han vuelto particularmente complejas y contradictorias, inclusive antagónicas, pues a falta de confianza en la justicia la gente recurre cada vez más a los medios de comunicación para ventilar y tratar de resolver sus conflictos.
El creciente uso de los medios de comunicación como instrumentos de los ciudadanos para plantear y tratar de resolver problemas y conflictos inclusive de orden interpersonal, es un signo de fortalecimiento de la democracia participativa, pero al mismo tiempo implica el grave riesgo de que la prensa y los periodistas se erijan en jueces que olvidan o ignoran el principio de la presunción de inocencia y de los derechos de las víctimas en los hechos delictivos y los procesos judiciales.
De manera que al acudir los ciudadanos a los medios para que les ayuden a resolver los problemas que una justicia politizada, parcializada y venal es incapaz de hacerlo, se crean condiciones para que en cada caso surjan versiones distintas y contradictorias, y en algunas ocasiones la intromisión de los periodistas en los procesos judiciales afecta la dignidad y la honra de las personas involucradas, así como de terceros inocentes. Al respecto debemos señalar con toda franqueza que si bien los periodistas en términos generales están capacitados profesionalmente para investigar abusos gubernamentales y actos de corrupción en el gobierno y el sector privado, sin embargo no lo están para ser procesadores judiciales, ante todo porque no es ésta la función de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales.
Los principios de la Declaración de Chapultepec, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de San José y de la Constitución Política de Nicaragua, garantizan los derechos de todas las personas a informar y ser informadas de manera independiente, y a opinar libremente. Pero sin dudas de ninguna clase, estos derechos se deben ejercer con responsabilidad y guardando el respeto debido a los demás derechos humanos de las personas.
Es por eso que al mismo tiempo que propugna por el fortalecimiento judicial y legal al ejercicio irrestricto de la libertad de prensa y a la protección de la vida, la integridad física y la libertad de los periodistas, la Cumbre de Washington sobre Libertad de Prensa y Justicia convocada por la SIP, apunta también a fortalecer la práctica de un periodismo cada vez más justo, ético y veraz.
