Sergio J. Cuarezma [email protected]
Uno de los aspectos que conspiran contra la paz social es el aumento del delito, que afecta las condiciones de vida de la población. El Estado y la sociedad no ha podido controlar el alto índice delictivo, su actuación no logra incidir en las causas o factores que originan y condicionan el ascenso de la criminalidad. La respuesta del Estado y la sociedad a dicho fenómeno básicamente se expresa en respuestas represivas (más policías, aumento de penas), que en definitiva afectan fundamentalmente a los sectores socioeconómicos más débiles. La solución de este problema necesita dirigir la atención hacia las políticas de prevención.
No es aconsejable limitar las respuestas a los problemas sociales con medidas de carácter represivo o punitivo, antes al contrario, habría que ser muy prudente en promover su intervención, y dar lugar en cambio a otras formas “positivas”, no sancionatorias o violentas, de resolución de conflictos. Si realmente se desea “prevenir” el delito habrá que recordar que la acción de la justicia penal es exclusivamente a “posteriori” del delito castigando sólo alguno de ellos. No podemos seguir reaccionando sólo luego de los hechos y por medio del sistema de justicia penal, sino con políticas integrales, que incorporen acciones para prevenir el delito en el significado etimológico de la palabra, esto es, para “evitarlo”.
La prevención de la criminalidad debe contemplar la “prevención social”, que consiste en acciones dirigidas a atacar las raíces profundas del delito en la población general o en grupos especialmente vulnerables; la “prevención situacional” se dirige principalmente a reducir las oportunidades del delito, partiendo de la observación criminológica de que determinados delitos se cometen con mayor frecuencia en determinadas situaciones; y la “prevención por medio de la comunidad”, toma y combina medidas de prevención de las anteriores, llevándola a la práctica en el contexto comunitario.
El aparato del Estado no puede prevenir y controlar por sí sólo el alto índice delictivo, y la comunidad está jugando un rol pasivo frente a él. Si ésta no contribuye al control de la criminalidad, no se modificará la situación actual. Por el contrario, es de prever una agudización de las conductas graves o nocivas, las cuales pueden “constituirse en un factor de desestabilización en una situación de crisis social y política de inmensas proporciones”.
Tomando en cuenta la extensión del fenómeno, y su importancia económica, política y social, el Estado y la Sociedad Civil requieren coordinar sus recursos para crear un sistema de educación y participación ciudadana en el área de prevención de la criminalidad. Para ello es indispensable contar con indicadores confiables y generar técnicas sociales de prevención sustentadas en estudios científicos sobre el particular.
Hay que salir de este círculo de sólo delito y castigo, por medio de políticas integrales, que promuevan sociedades de mayor libertad, menos violentas y más solidarias, con equitativa distribución del bienestar y de los beneficios del desarrollo, y que generen por tanto menos delitos. Y en las que la justicia penal sea más justa y transparente en la distribución del castigo en todos los sectores sociales, pero funcionando realmente como el último recurso.
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
