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Como muchas personas aquí en Nicaragua, le di seguimiento con mucha preocupación a las noticias sobre el abuso sexual de niños en León. Día tras día, más detalles de este horrendo crimen fueron saliendo en los medios de comunicación, provocando mucha repugnancia por el abusador y sus cómplices, y mucha simpatía para sus víctimas.
Sin embargo, se dio una segunda victimización de estos niños abusados al exponerlos al público para saciar nuestros deseos de saber todo los detalles del crimen. En lugar de protegerlos y buscarles el apoyo que necesitan para recuperarse del trauma que han sufrido —un trauma que probablemente les ha generado gran tristeza, depresión, angustia y desesperación e incluso consecuencias aun más graves— han sido expuesto a cámaras y micrófonos como si fuera algo que les ayudaría.
Al contrario, pedir que un niño cuente su historia frente a periodistas no le ayuda a entender lo que ha pasado. No le quita la idea de que es sucio y dañado por haber sido abusado o violado. No le quita la idea de que de alguna manera tiene culpa por lo que le ha pasado. No le da el apoyo emocional que es crítico para su recuperación. Sirve para estigmatizarlo con los demás, y para revivir la experiencia abusiva una y otra vez. No es decir que un niño no debe recordar lo que le ha pasado, pero recordarlo en un ambiente periodístico sólo sirve para “revictimizarlo”. No tiene ningún propósito positivo para la víctima, al contrario…
Cualquier declaración judicial se debe hacer en un lugar privado, sin ninguna presencia de periodistas, para evitar que las secuelas psicológicas del abuso sean aún más graves y prolongadas. Me complace mucho la crítica del procurador Pérez a la judicial que llevó el caso, porque “ella cuenta con la suficiente autoridad para prohibir la entrada de cualquier medio o persona” en tales procedimientos, y no lo hizo.
Ahora el público tiene que exigir que el Poder Judicial utilice tal autoridad, para garantizar que los Derechos Humanos y el bienestar psicológico de cualquier niño sexualmente abusado no sean violados, anteponiendo así su interés y bienestar ante cualquier otro, de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno de Nicaragua y plasmada en la Constitución de la República y el Código de la Niñez.
Sin duda, los medios de comunicación deben cubrir estos acontecimientos para que el público nicaragüense entienda lo que ha pasado y para que la temática del abuso sexual infantil salga a luz pública. Pero no debemos exponer a las víctimas, todos menores de edad, a un abuso mayor. Debemos proteger sus identidades completamente, y garantizar que ningún periodista viole su derecho a la privacidad, y a la recuperación.
La autora es psicóloga.
